Los magistrados, presididos por Manuela Fernández Prado, han impuesto estas penas al encontrar a los dos etarras culpables de 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otro de estragos terroristas, según consta en la sentencia dictada hoy.

“La víctima principal de esta acción era una representante municipal, una persona que desarrollaba un servicio público, elegida por sus vecinos, lo que convierte este hecho en especialmente reprochable”, señala la resolución.

El atentado tuvo lugar en la mañana del 28 de febrero de 2002. Los terroristas activaron una bomba con 20 kilos de explosivos situada en el interior de un carrito de la compra al paso de Cabezudo.

Los etarras no pudieron asesinar a la teniente alcalde porque, casualmente, ese día decidió caminar por la acera contraria a la habitual, donde estaba colocado el explosivo, por lo que la deflagración se produjo a 15 o 20 metros de ella. Aún así, su escolta resultó gravemente herido.

Además de los 377 años de cárcel, los etarras deberán indemnizar con 286.200 euros al escolta y con 155.800 euros a Cabezudo. Mendizabal y Arzalluz deberán abonar asimismo más de 200.000 euros a los otras 18 persona que resultaron heridas en el atentado.

Los magistrados de la Audiencia Nacional señalan en su sentencia que “las características de la zona, en pleno casco urbano, y de la hora, junto al tipo de artefacto, de enorme potencia” evidencian que los etarras, además de buscar la muerte de Cabezudo y su escolta, “aceptaron causar la muerte de cualquiera que se encontrase en las inmediaciones”.

IMPLICACIÓN DE “TXEROKI”

En la acción terrorista también está supuestamente implicado el ex jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu, alias “Txeroki”, quien no se sentó en el banquillo de los acusados por encontrarse preso en Francia. Está previsto que la Audiencia Nacional le juzgue por estos hechos el próximo mes de mayo.

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran probado que Mendizabal y Arzalluz –quienes formaban el “comando Olaia” junto a “Txeroki”-, siguiendo órdenes de la dirección de la banda terrorista, sometieron a vigilancia desde principios de 2002 a Cabezudo, logrando conocer sus costumbres y la trayectoria que solía utilizar para dirigirse al trabajo.

20 HERIDOS GRAVES

En la mañana del 28 de febrero de 2002, el “comando” colocó una bomba con 20 kilos de explosivos en el interior de un carrito de la compra que situaron en un portal próximo al domicilio en Portugalete de la por entonces teniente alcalde de la localidad.

Los terroristas, sobre las 09.10 horas, activaron la bomba mediante radio-control. La explosión estuvo a punto de costarle la vida a Cabezudo y a su escolta e hirió de gravedad a otras 18 personas.

El Tribunal también ha impuesto a Arzalluz y Mendizabal la prohibición de volver a Portugalete, aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas durante un periodo de cinco años una vez cumplidas las condenas.