En un informe, titulado "España: Análisis y recomendaciones al proyecto de ley orgánica de reforma de la legislacion de extranjería", Amnistía ve legítimo que España articule una política de control migratorio, pero rechaza que vulnere muchos compromisos internacionales adoptados en materia de derechos humanos.

"No tener papeles es una irregularidad de carácter administrativo que, en ningún caso, debe anteponerse a las vulneraciones de derechos humanos que puedan sufrir las personas migrantes", indica en el informe, que ha enviado a los grupos parlamentarios en el Congreso y al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a los que ha pedido reuniones para debatir sobre la ley.

Amnistía destaca cuatro obstáculos del proyecto de ley, entre ellos que supone un paso atrás en materia de detención de inmigrantes irregulares porque asocia a estas personas "muchas veces en términos de criminalizacion".

Además, recalca que no incluye garantías suficientes para los menores no acompañados, la protección de los derechos humanos sigue en segunda línea ante los casos de violencia de género contra las mujeres inmigrantes y la trata, e incluye obstáculos en el acceso a los derechos a la educación, la salud y la vivienda.

Por contra, señala como luces de la reforma de la Ley de Extranjería el reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga para los inmigrantes en situación administrativa irregular, y la incorporación de algunas garantías para las personas víctimas de trata de seres humanos, como el "periodo de reflexión".

El reconocimiento del principio de no devolución y del derecho del menor no acompañado a ser oído en el procedimiento de repatriación son otros puntos que Amnistía Internacional aplaude.