Las tres comunidades autónomas pretenden eliminar la obligación de cierre de las empresas mineras en 2018 o la devolución de ayudas para aquellas explotaciones mineras que decidan continuar su actividad extractiva sin ayudas más allá de esta fecha.

Asimismo, buscan anular de la misma forma la obligatoriedad de reducir las ayudas para todos los países de la Unión en un 25 por ciento en 2013, un 40 ciento en 2015, el 60 por ciento en 2016, y por último el 75 por ciento en 2017 y que cada estado miembro elija el porcentaje de reducción que se aplique, de acuerdo al grado de reestructuración de su minería

La Consejería castellanoyleonesa de Economía y Empleo considera que el Gobierno de España “ha perdido dos momentos importantes para la defensa del carbón nacional”. El primero, durante la presidencia española de la Unión Europea, durante el primer semestre del pasado año, que, según sostiene, “hubiera permitido un escenario distinto” de cara a la decisión tomada por la Unión Europea el 10 de diciembre de 2010, en el que se establece el horizonte de 2018 para finalización de las ayudas al sector, pero sólo en el contexto de un plan de cierre.

De la misma forma, asegura que “habría sido deseable que el Gobierno de España hubiera sido el que defendiera el carbón autóctono a través de esta demanda” en lugar de que hayan tenido que presentarla los Gobiernos de Castilla y León, Asturias y Aragón y que coincide en sus planteamientos de la misma con las propuestas del Parlamento Europeo, aprobadas el pasado 23 de noviembre por mayoría.

La demanda que se ha presentado en el Tribunal General de la UE, solicita la anulación del artículo 3.1, letras a, b y f, el artículo 3.3 y el artículo 7, apartados 2 y 3 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo.