Según Cruz Roja, el contrato adjudicado ‘a dedo’ por la Comunidad de Madrid obedece a una labor “auxiliar de los poderes públicos” en el marco de sus quehaceres como “organización humanitaria”, ya que “actuamos ante cualquier emergencia sanitaria o social que afecte a la población en general”.

Varios colectivos como el sindicato de enfermería Satse, CCOO o la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública criticaron la decisión de la Consejería de Sanidad de Madrid, pues consideran que se trata de una “privatización”.

“El Gobierno de Ayuso esté dilapidando el dinero de los fondos Covid-19 que recibe del Estado en pagar a empresas privadas” y “riega de dinero a las empresas privadas mientras abandona todos los eslabones de la sanidad pública y rescinde los contratos de los profesionales contratados para refuerzo”, denunciaron desde CCOO.

Para la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, este contrato con Cruz Roja “pone en evidencia la incapacidad de la Consejería de Sanidad para gestionar la vacunación y el abandono de los servicios públicos en manos privadas”.

Cruz Roja recordó, por su parte, que “desde el primer momento de la pandemia, hemos estado en primera línea” con programas como el plan Responde, con el que ha atendido a más de dos millones y medio de personas con apoyo social, y habiendo puesto “a disposición de las administraciones locales, autonómicas y estatales todas nuestras capacidades, recursos y experiencia”.

Y es que “somos una organización humanitaria, auxiliar de los poderes públicos. Actuamos ante cualquier emergencia sanitaria o social que afecte a la población en general y a las personas más vulnerables en particular”.

Por tanto, "nuestra participación en este operativo de vacunación es un servicio de apoyo a la administración, sin ánimo de lucro, en el que exclusivamente se contempla la cobertura de costes" y con la "prioridad" de "dar apoyo a las personas más vulnerables".