El sindicato, mayoritario en el Consejo de la Policía, valoró que la demanda vía penal presentada contra el director general de la Policía, Francisco Pardo y el comisario principal, José Ángel González, responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) haya sido admitida a trámite y que en los tribunales se tengan que aclarar los sucesos ocurridos en los disturbios de octubre de 2019.

Disturbios en los que, según relata Jupol en la querella, resultaron heridos varios agentes de la Policía Nacional. “Una situación que podría haberse evitado si desde la DGP y la DAO se hubieran puesto a disposición del operativo los medios humanos y materiales necesarios para afrontar con seguridad los graves altercados”.

Para la organización sindical, “los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial y, de ahí, que se tradujese en casi 300 agentes heridos”.

Jupol ha puesto de manifiesto las “graves deficiencias, atribuidas en el marco de actuación de los querellados, correspondientes a la no asignación de relevos o de refuerzos de personal, la falta de dotación de material antidisturbios o la ausencia de vehículos aptos para repeler los ataques llevados a cabo por los manifestantes, tales como camiones de agua o vehículos blindados e incluso, impedir el acceso de los vehículos sanitarios para la evacuación de los heridos”.

Por estos motivos, desde el sindicato, se presentó esta querella, en la que se acusa al Director General de la Policía y al Director Adjunto Operativo de presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores.

Concretamente, por un presunto incumplimiento del artículo 316 del Código Penal, que castiga a “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.

Una situación, que desde Jupol “fue advertida en reiteradas ocasiones tanto a la cúpula, como al propio Ministerio del Interior, haciendo caso omiso en todo momento de las observaciones y peticiones de la organización sindical”.