Así lo aseguró, en una entrevista a Servimedia, el nuevo delegado del Gobierno para el PNSD, Joan Ramón Villalbí, quien aseguró que la delegación va a “trabajar duro” en el impulso a dicho proyecto de ley con el objetivo de tener un borrador avanzado “muy pronto”, poder “hablar con todas las partes implicadas” y presentar el anteproyecto en las Cortes.

En este sentido, le gustaría acabar 2021 con el proyecto “en marcha en las Cortes” y “recuperando” el consenso “prácticamente unánime” que salió de la ponencia que se hizo en su día para abordar este tema a raíz de la “trágica” muerte en 2016 de una niña de 12 años por coma etílico en Madrid, suceso que, a su juicio, fue “un fenómeno dramático que puso en marcha la demanda política de darle una respuesta”.

Su “hoja de ruta” para el año que viene también incluye la intención de “agilizar mucho” los trámites de gestión de recursos con el objetivo de poner “a disposición de los buenos”, incluidas las ONG y las comunidades autónomas y ciudades, los bienes y el dinero que se decomisa a los traficantes.

Esta labor resulta “muy compleja” porque existen “muchos controles desde el punto de vista administrativo” y que urge acelerar porque “el momento está pidiendo respuestas lo más ágiles posibles”.

GESTIÓN DE RECURSOS

Junto a ello, la gestión de los recursos que llegan a nivel europeo de respuesta a la epidemia es otro de sus objetivos, para dedicar parte de ellos a “estabilizar o preservar” los servicios de emergencia que se han creado en relación con recursos residenciales y habitacionales en las grandes ciudades, así como a ampliar los recursos de investigación.

Además, la delegación del Gobierno tiene previsto diseñar una encuesta domiciliaria para analizar el impacto de la pandemia en el consumo de sustancias y publicar una edición de la encuesta Estudes a adolescentes así como una encuesta que se hace cada cinco años en el entorno penitenciario, que, a su juicio, “también nos da algunas pistas interesantes”.

En paralelo, está monitorizando “muy cuidadosamente” el uso de los fármacos opiáceos y los hipnosedantes, que tienen un “cierto” potencial de abuso y siguiendo “con interés” las adicciones sin sustancia, especialmente el juego.