Así lo anunció a Servimedia el secretario general de la organización, Rubén Sánchez, quien defendió que el “gran éxito” del sector del consumo en 2020 ha sido “lograr” que el Ministerio de Consumo haya impulsado un cambio en la normativa de protección al consumidor para obligar a que cualquier empresa que tenga un número 902 tenga que publicitar “con el mismo énfasis” una línea de atención al cliente con prefijo fijo geográfico o línea móvil.

“Eso, prácticamente, supone la muerte de los 902”, sentenció, al tiempo que valoró que, además, el departamento de Alberto Garzón haya ido “más allá” obligando a “multitud” de empresas a contar con teléfonos gratuitos de atención al cliente.

En este sentido, insistió en el “gran éxito” que supone la “sensibilidad” mostrada por el Ministerio de Consumo ante una reivindicación de “muchos años” por parte de Facua.

Junto a ello, como otro de los principales objetivos, hizo hincapié en la necesidad de que se produzca un cambio legal que permita dotar al Ministerio de Consumo de competencias sancionadoras que le habiliten para multar a aquellas empresas que cometan fraudes masivos que afecten a más de una comunidad autónoma puesto que desde los años 80 sólo las comunidades autónomas tienen atribuidas competencias para sancionar prácticas “contrarias” a las leyes de defensa de los consumidores.

Según Sánchez, en la sociedad actual, en la que, “generalmente” los fraudes que se producen son masivos y tienen lugar por parte de grandes empresas, urge la habilitación de un organismo por parte del Gobierno central, que, a su entender, debería ser el Ministerio de Sanidad o de Consumo o una entidad “adscrita” a ellos, que tenga la capacidad de actuar “con contundencia, con rotundidad, con sanciones ejemplarizantes” ante fraudes que se cometen “en multitud de sectores”.