Gobierno y agentes sociales volverán a verse para intentar pactar una subida del salario mínimo, una vez que se ha prorrogado en la cuantía de 2020 de 950 euros mensuales por 14 pagas, con la intención de dar más tiempo a un posible acuerdo.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, su titular, Yolanda Díaz, apuesta por elevarlo “30 céntimos al día”, equivalentes a un 0,9% al mes, el mismo porcentaje que las pensiones y los salarios públicos. De hecho, ha comentado en distintas ocasiones que no comprende que ese incremento no se aplique también a los trabajadores que cobran el SMI y que no están amparados por un convenio colectivo.

Desde la parte empresarial, CEOE y Cepyme rechazan una subida en la situación actual de crisis por el Covid-19, mientras que CCOO y UGT instan a incrementarlo. UGT pide elevarlo en el entorno de un 5%, hasta los 1.000 euros, mientras que CCOO propone tener como referencia tanto el salario medio pactado en convenio, que en noviembre alcanzó una subida del 1,89%, como el incremento de las pensiones mínimas, que será del 1,8% el próximo año. Ambos sindicatos ponen la vista en llevar el SMI a, al menos, el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado la prórroga del salario mínimo destacando que desde que llegó a La Moncloa en 2018 este indicador se ha incrementado un 29% y “no hay ningún país que haya abordado una subida tan intensa” en dos años.

A diferencia de los funcionarios o los pensionistas, que verán incrementada su nómina un 0,9% en 2021 y pagada con recursos públicos, Sánchez ha señalado que el SMI lo financia el sector privado y los empresarios necesitan en estos momentos de medidas de alivio económico “para poder sobrevivir”.

Además, con datos de la OCDE, ha expuesto que el SMI supone hoy el 42% del salario medio en España, frente al 35% de 2018, y se acerca al de países como Alemania, con el 43%, o Portugal, un 44%.

Miembros de la parte socialista del Gobierno como las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño y la ministra María Jesús Montero han apostado públicamente por postergar la subida hasta que la recuperación económica lo permita.