El estudio, presentado este martes por las organizaciones, versa sobre la formación de los autónomos y revela que el 50,6% de los autónomos conoce la formación gratuita que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Sobre competencias digitales, el 87% asegura que realiza las operaciones diarias de su negocio de manera online, mientras que al 71,8% le gustaría contar con más recursos económicos para innovar.

Por género, entre el 50% y el 60% de hombres y mujeres, respectivamente, asegura no haber recibido ninguna actividad formativa durante el año.

Sectores como el transporte, la agricultura y ganadería, la construcción y la hostelería aseguran que no han recibido acción formativa en el último año, frente al 75% de los autónomos pertenecientes al sector sanitario que sí se ha formado.

En un comunicado, UPTA destacó el desajuste de la demanda formativa que los autónomos necesitan para mejorar sus negocios a fin de hacerlos más competitivos, sobre todo en un entorno de Covid-19, y posibilitar su continuidad.

También señaló que los contenidos, duración, metodología y horarios de las acciones formativas que se ofrecen “nada o poco tienen que ver con las singularidades del autónomo que sufre una excesiva carga de trabajo y que tiene que compatibilizar su jornada laboral, su vida familiar y la formación”.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, destacó que “tan solo el 1% de los autónomos españoles ha podido acceder a las acciones formativas desarrolladas por el Servicio Público de Empleo, es el dato más bajo de todos los países desarrollados del marco de la UE”.

Las organizaciones propusieron más de 50 medidas para hacer que el modelo de formación se ajuste a las necesidades reales de los autónomos y sus empresas y a las singularidades de los mismos.

Desde Uatae, el presidente de la fundación de esta organización y exministro Valeriano Gómez pidió mejorar las capacidades tecnológicas, administrativas y comerciales de los autónomos y reducir los trámites burocráticos a la hora de percibir ayudas para formación.

El secretario general de ATA, José Luis Perea, propuso establecer un crédito mínimo de formación similar al que se garantiza para las empresas, eliminar trabas administrativas, dar mayores competencias a los centros de formación o flexibilizar el catálogo de acciones formativas para que el autónomo pueda elegir libremente qué tipo de formación necesitan.