Esta iniciativa responde al requerimiento del Defensor del Pueblo - como consecuencia de una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)-, que instaba al Gobierno a cumplir el mandato de la ley reguladora de la jurisdicción social de 2011, la cual establecía que antes del 2015 el Gobierno remitiría a las Cortes Generales un proyecto de ley para residenciar en la jurisdicción social los litigios relacionados con el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

“Un mandato que han ignorado los Gobiernos que se han sucedido desde esa fecha, pese a los permanentes recordatorios e instancias del Cermi”, según informó el Comité.

En su respuesta al Defensor del Pueblo, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales indicó, además, que el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su sesión del 26 de abril de 2017, informó favorablemente acerca del impulso en la jurisdicción social de estas cuestiones litigiosas.