Así lo exigió a través de un comunicado en el que reclamó al titular de Sanidad que cese “inmediatamente en su hostigamiento permanente” al departamento de Salvador Illa para que acceda a la realización de estas pruebas en las oficinas privadas de farmacia, a pesar de que, insistió, las mismas “no están autorizadas legalmente ni tienen garantías sanitarias y tampoco sus trabajadores están habilitados para ello”.

“Lo quiere a toda costa y en contra de los criterios solventes y cualificados de las organizaciones científicas y profesionales, incluidas asociaciones e instituciones autorizadas en materia de salud pública”, apuntó la organización, que emplazó al consejero a “dedicar toda su energía” en destinar “más y mejores recursos” a la sanidad pública y resolver los “múltiples problemas” que, a su entender, sufre “desde hace tiempo” en relación a listas de espera, gasto por habitante en sanidad pública, ratio de enfermeros por habitante o número de camas disponibles.

El Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, Satse, pidieron también al Ministerio de Sanidad que no acceda “bajo ninguna condición” a que las farmacias privadas puedan realizar test de detección de la Covid-19, dado que esta posibilidad añadiría, a su juicio, “mayor inseguridad, riesgos de contagio y confusión” a los ciudadanos, además de provocar una “mayor sobrecarga y saturación” a los profesionales en los centros de salud.