El Ejecutivo entiende que esta norma autonómica vulnera la legislación básica del Estado sobre la protección de medio ambiente, según lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la Constitución.

En concreto, considera que incumple el artículo 50 de la Ley de Montes, que obliga a las comunidades autónomas a garantizar el mantenimiento y restauración de los terrenos incendiados y que prohíbe la urbanización de estos lugares durante treinta años.