Según sostiene la CNMV, dicha sentencia del Alto Tribunal no constituye jurisprudencia al ser, por ahora, la primera y única que interpreta la relación entre la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el principio de confidencialidad y secreto profesional establecido en la directiva europea MIFID II ('Markets in Financial Instruments Directive II') y la Ley del Mercado de Valores.

Por ello, tras consultar al resto de supervisores de la Unión Europea, la CNMV considera que debe solicitar al Tribunal Supremo el planteamiento de una cuestión prejudicial al TJUE en el contexto del mismo procedimiento de casación que ha dado lugar a la sentencia.

La CNMV quiere que el tribunal europeo confirme, corrija o matice la doctrina sentada en la sentencia del Supremo, dado el impacto que podría tener en la transmisión de información entre supervisores de mercados de valores.

Hasta que no obtenga respuesta definitiva en relación con esta solicitud, la CNMV mantendrá su criterio relativo a la confidencialidad y secreto profesional de sus expedientes de supervisión e inspección, a efectos de evitar distorsiones en la transmisión de información entre supervisores.