Las formaciones presentes en el Senado dispusieron de cuatro horas tras la finalización del debate desarrollado desde las 12.00 horas para votar las enmiendas y votos particulares presentados por los grupos parlamentarios, así como los dictámenes de cada una de las secciones que componen el proyecto de cuentas públicas, que llegó a este último trámite parlamentario tras finalizar el pasado jueves la fase de la Comisión de Presupuestos, en la que no se incorporó ninguna enmienda.

A las 20.20 horas la presidenta del Senado, Pilar Llop, anunció el resultado de las votaciones -145 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones- ante un Pleno que contó con la presencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue ovacionada por su grupo parlamentario tanto al entrar en el hemiciclo como tras conocerse el resultado, así como de otros miembros del gabinete como Nadia Calviño, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Luis Escrivá, Isabel Celaá, Manuel Castells, Luis Planas, Salvador Illa y Pedro Duque.

Para superar la tramitación en el Senado, los Presupuestos han contado con los apoyos que el Gobierno ya recabó en el Congreso -PNV, ERC, Bildu, PDECat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC-, y sumaron el del Partido Aragonés, rechazando los vetos presentados en la Cámara Alta por PP, Ciudadanos, Vox, Junts per Catalunya y Coalición Canaria y facilitando que el proyecto haya recorrido todo el procedimiento en el Senado sin que se modifique el texto que llegó del Congreso. En caso de que el Senado hubiera introducido una sola enmienda, el proyecto tendría que volver a la Baja para que ésta decida si acepta o rechaza dicha modificación, alargando alguna semana la tramitación.

Con esta tramitación exprés en el Senado de sólo dos semanas -los Presupuestos entraron en esta Cámara el día 9- el Ejecutivo se garantiza que las nuevas cuentas públicas entren en vigor el primer día de 2021, evitando así empezar el año con una nueva prórroga de los Presupuestos de 2018, elaborados por el ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro.

Con este punto final a la tramitación las cuentas de 2021 han realizado todo el recorrido parlamentario en un tiempo récord de tan solo dos meses, ya que el pistoletazo de salida se produjo el 27 de octubre con la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros y un día después, el 28, entraron en el Congreso de los Diputados, cuando habitualmente el tiempo en el que tardan en tramitarse es de unos tres meses.

GASTO

Los Presupuestos para 2021 contemplan un gasto no financiero, incluidos los fondos europeos, de 194.456 millones de euros, lo que supone un incremento de aproximadamente el 53% respecto al ejercicio anterior, en un momento en el que las reglas fiscales están suspendidas tanto para 2020 como para 2021, acogiéndose a las cláusulas que permiten la Comisión Europea, la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en situaciones extraordinarias, como la originada por la pandemia de Covid-19.

Asimismo, el cuadro macroeconómico que acompaña a las cuentas públicas prevé que el déficit público cierre 2020 en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%; el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%; el de la Seguridad Social en el 3%; y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, los Presupuestos incluyen transferencias con los que la administración central asumirá la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.

Por el lado del gasto, el Gobierno destacó durante la tramitación que los Presupuestos de 2021 suponen “el mayor gasto social de la historia”, con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social crece un 6,2%. A este respecto cabe señalar que dicha cifra es superior a la del techo de gasto, ya que este sólo tiene en cuenta el gasto de la administración central, mientras que la cifra de gasto social incluye el que realizan otras administraciones, como la Seguridad Social.

La mayor partida de gasto es la de pensiones, que, al revalorizarse en un 0,9%, en línea con la previsión de IPC, suponen un gasto de 163.297 millones de euros. Además, se incrementan en un 1,8% las pensiones no contributivas, mientras que el sueldo de los empleados públicos aumentará un 0,9%.

Las cuentas también incluyen un gran incremento en Sanidad, de más del 75% (más de 3.000 millones de aumento) contando con los fondos comunitarios, entre los que se incluyen 2.436 millones del fondo React EU que irán destinados a la compra de vacunas y a reforzar la Atención Primaria. Asimismo, para Educación, los Presupuestos incrementan su financiación un 70,2%, con 2.017 millones más.

INGRESO

Por el lado de los ingresos, los Presupuestos contemplaban inicialmente una mejora de los ingresos públicos del 14,7% en 2021, gracias a la mejora del ciclo económico y la previsión de crecimiento del PIB del 9,8% con el impulso de los fondos europeos. Sobre el conjunto de las medidas de ingresos incluidas en los PGE, la previsión de Hacienda era que tengan un impacto de 1.862 millones en 2021 y de 2.135 millones en 2022, que se suman a los 4.223 millones que Hacienda calcula que aportarán todas las medidas tramitadas al margen de los PGE.

En concreto, las cuentas públicas incluyen subidas impositivas a las rentas altas mediante un aumento de tres puntos en el IRPF de las rentas de capital superiores a 200.000 euros anuales y un incremento de dos puntos en el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales. Según las estimaciones de Hacienda, estos cambios en el IRPF afectarán a 39.194 contribuyentes, el 0,17% del total, con un impacto de 491,4 millones de euros adicionales en la recaudación (144 en 2021 y 346 en 2022).

En la misma línea, se establece la vigencia permanente del Impuesto de Patrimonio de manera indefinida, ya que desde 2011 era necesario prorrogar su vigencia año a año, y eleva en un punto el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros de patrimonio, pasando del 2,5% al 3,5%.

Además, en línea con las recomendaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se reducen las exenciones fiscales a los planes de pensiones individuales al rebajar a 2.000 euros el límite de aportaciones máximas, mientras que se aumenta la de los planes de empresa al aumentar de 8.000 euros a 10.000 euros el límite conjunto de reducción, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo.

En lo que respecta al Impuesto de Sociedades, se limita al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, mientras que a las empresas de menos de 40 millones de facturación interior anual se les seguirá aplicando la exención del 100% durante tres años. El Ejecutivo estima que esta medida afectará a 1.739 empresas, el 0,12% del total, y que tendrá un impacto recaudatorio de 1.520 millones de euros (473 en 2021 y 1.047 en 2022). Los Presupuestos incluyen también la revisión del impuesto a las primas de seguro, sin modificaciones desde 1998, incrementando el gravamen del 6% al 8%.

Estas medidas se suman a las que el Gobierno ya había anunciado previamente en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre y cuya tramitación ha sido o es al margen de los PGE, como el impuesto a las transacciones financieras, conocido como 'tasa Tobin'; el impuesto sobre determinados servicios digitales o 'tasa Google'; el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso; el impuesto sobre residuos; y la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude.

ENMIENDAS

El anteproyecto de Presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros también incluía una medida fiscal para acercar la tributación del diésel a la de la gasolina mediante la reducción de la bonificación que el primero disfruta en su imposición respecto a la gasolina. Sin embargo, durante la tramitación en el Congreso de los Diputados, el Gobierno llegó a un acuerdo con el PNV por el que, a cambio del apoyo de la formación jeltzale a las cuentas públicas, se incluyeron varias enmiendas en el proyecto, entre las que se encuentra la anulación de esta medida, por lo que finalmente la bonificación del diésel seguirá intacta.

Otra medida tributaria que fue modificada durante la tramitación en el Congreso fue la de la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% actual al tipo general del 21%, que se implantará pero sin afectar a los lácteos bebibles, después de que una mayoría de formaciones apoyaran una enmienda de ERC que contó con el voto en contra de, entre otros, de PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones que integran el Gobierno.

Durante el procedimiento presupuestario en el Congreso, en el que se votaron más de 3.700 enmiendas, el Ejecutivo llegó a acuerdos con nueve formaciones -PNV, ERC, Bildu, PDECat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC- para introducir enmiendas que atendieran a diversas demandas de estos partidos.

En concreto, entre los principales acuerdos con ERC destacan medidas ajenas al proyecto presupuestario, como el fin al control reforzado que Hacienda ejerce sobre las cuentas de la Generalitat desde 2015 o la creación de un comité bilateral para estudiar una reforma fiscal y de un grupo de expertos para armonizar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. En cuanto a Bildu, quedaron aprobadas algunas de sus enmiendas relativas a inversiones en infraestructuras de transporte, o destinar 10 millones de euros a proyectos de I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico.

De las enmiendas de Más País-Equo, fueron aceptadas varias relativas a la contratación de personal en centros de investigación públicos, inversiones en Cercanías y acciones de carácter medioambiental y energético, como la creación de una Asamblea Ciudadana contra el Cambio Climático, mientras que Compromís vio atendidas varias de sus propuestas relativas a inversiones en infraestructuras y culturales, y Teruel Existe consiguió incorporar inversiones en Aragón y en políticas para combatir la España vaciada y el reto demográfico. Del PDECat, se aprobaron enmiendas para inversiones en diversos ámbitos como el de infraestructuras, el medioambiental, innovación y cultural, entre otros.

Por otro lado, entre las enmiendas incorporadas por Nuevas Canarias destacan una para invertir 30 millones de euros en la lucha contra la pobreza en esta comunidad y 45 millones de euros adicionales en inversiones en la comunidad insular y 100 millones para cubrir la deuda del convenio de carreteras. Por parte del PRC, esta formación vio atendidas propuestas centradas en inversiones para adelantar la llegada del AVE a Cantabria y demás actuaciones en infraestructuras ferroviarias y de carreteras de la comunidad.

Además, el Gobierno también vio cómo salieron adelante varias enmiendas de algunos de sus socios, como ERC, que fueron apoyadas por PP, Vox y Ciudadanos -según la ministra de Hacienda con la intención de “boicotear” los Presupuestos- y superaron el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, como una iniciativa para crear un fondo de 1.500 millones de euros para la recuperación de empleo industrial en zonas con elevado índice de pérdida de actividad de este sector; o 200 millones para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, entre otras.