Calvo despejó así cualquier duda sobre el comportamiento del CGPJ durante la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa al terminar el Consejo de Ministros, donde compareció acompañada de sus compañeros María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, y de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Allí fue preguntada por la decisión que la Comisión Permanente del CGPJ acordó este martes para convocar dos plazas de magistrado en la Sala Primera del Tribunal Supremo, a pesar de las críticas que está recibiendo desde el propio Ejecutivo y desde las formaciones políticas que lo conforman, PSOE y Unidas Podemos, por seguir designando plazas cuando su mandato finalizó hace justo dos años.

Esta situación ha llevado a los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados a registrar una proposición de ley para limitar la capacidad del CGPJ para hacer nombramientos cuando esté en funciones, como sucede actualmente, ya que consideran que una mayoría conservadora del Poder Judicial no debería hacer eso cuando existe mayoría progresista en el Gobierno y en las Cortes Generales.

Pese a ello, Cavo aclaró en la rueda de prensa en La Moncloa que “el CGPJ está actuando con arreglo a la ley” y en un “espacio de impecable legalidad”, pero manifestó abiertamente que la reforma legal emprendida por su partido político y Podemos busca precisamente evitar en el futuro “que esto no ocurra” por encontrarse “fuera del mandato de cinco años” que tiene encomendado por la Constitución de 1978.

La vicepresidenta opinó que el CGPJ aprovecha así “una situación diferente a la de los otros dos” poderes del Estado, puesto que el Ejecutivo y el Legislativo tienen “limitadas sus competencias” cuando sobrepasan los cuatro años de mandato para los que son elegidos en las urnas.

Calvo justificó así la reforma legislativa emprendida por PSOE y Unidas Podemos, que a priori recibirá conformidad del Parlamento en el mes de febrero, ya que así se evitará que el CGPJ pueda “amarrar el futuro a quien va a llegar” cuando se produzca una renovación de los magistrados que lo integren. “Si esto lo hacen los dos poderes del Estado, parece razonable que el Poder Judicial tenga también reguladas qué competencias tiene cuando está en funciones”, remachó.