La Sala desestima los recursos de casación interpuestos por las seis universidades públicas de Madrid –Universidad Autónoma, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III, Universidad Politécnica, Universidad Complutense y Universidad de Alcalá- contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó parcialmente las demandas de conflicto colectivo presentadas por la Federación Regional de Enseñanza de CCOO y FeSP-UGT.

Las universidades alegaban en sus recursos que el reconocimiento del citado derecho les originaría perjuicios al derivarse a determinados colectivos expectativas económicas que no están reguladas normativamente.

La Sala explica que la desigualdad invocada por los demandantes se produce al no tener acceso el personal temporal a solicitar la evaluación de su actividad investigadora. En este sentido, señala que lo que reclaman es el derecho a poder solicitar la evaluación, sin que para valorar la existencia o no del derecho exista criterio objetivo alguno que diferencie a los dos colectivos. Esta desigualdad, según la sentencia, está proscrita en el artículo 4 del Acuerdo marco de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de confederaciones de la industria europea (UNICE), y el Centro Europeo de la empresa Pública (CEEP) sobre trabajo de duración determinada, de 18 de marzo 1999.

Asimismo, la Sala considera que dicha desigualdad también es contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclama la igualdad en todos los ámbitos, quedando al margen cualquier significación de trato desigual respecto a los contratados temporales.