"Los niños y niñas de la Cañada Real Galiana están sufriendo unas condiciones de vida extremadamente difíciles y su salud está en grave peligro", advirtieron los expertos en un comunicado. "Ahora que se acerca el invierno, y especialmente durante la pandemia de Covid-19, la electricidad debe ser inmediatamente restaurada”, instaron.

El último corte de energía comenzó el 2 de octubre y afecta a, al menos, 4.500 personas, particularmente en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. El asentamiento alberga a unas 8.000 personas que viven en una franja de 16 kilómetros de largo establecida hace más de 40 años por migrantes y romaníes.

De hecho, los relatores de la ONU se hicieron eco del bebé que tuvo que ser hospitalizado la semana pasada por síntomas de hipotermia. "Sin electricidad, no hay calefacción ni agua caliente en las casas, lo que significa que los niños y niñas no pueden ducharse ni lavarse adecuadamente”, advirtieron.

Asimismo, una niña tuvo también que ser hospitalizada la semana pasada por inhalar monóxido de carbono procedente de una estufa que de gas que usaba su familia para calentarse.

“La salud de muchos niños y niñas ya sufre las consecuencias: los que utilizan sillas de ruedas eléctricas no pueden cargar sus baterías, los niños y niñas con diabetes no pueden mantener la insulina a la temperatura adecuada, los niños y niñas con autismo tienen problemas para adaptarse a la falta de luz y una niña que normalmente utiliza un equipo de oxigenoterapia durante 15 o 16 horas al día ha visto impedido su uso”, continuaron los relatores.

Y es que “la falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación", dijeron los expertos.

En este sentido, criticaron a las autoridades españolas por no garantizar el suministro eléctrico y, para más inri, por culpar de los cortes a las plantaciones ilegales de marihuana, “dando a entender que las personas residentes en el asentamiento informal son delincuentes”.

"Sin una acción decidida para remediar inmediatamente esta situación, el rezago educativo de los niños y niñas que viven en Cañada Real va a empeorar aún más", alertaron los relatores de la ONU.

Los expertos señalaron que han estado en contacto con el Gobierno de España de antemano para aclarar los problemas en cuestión.

La misiva está firmada por Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre la vivienda adecuada; Gerard Quinn, relator sobre los derechos de las personas con discapacidad, Koumbou Boly Barry, relatora sobre el derecho a la educación; Hilal Elver, relatorra sobre el derecho a la alimentación; Tlaleng Mofokeng u Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza, entre otros.