Tras expresar su “firme propósito de colaborar en una solución justa, especialmente para los sectores más débiles de habitantes de la Cañada”, señaló que este problema “afecta a otras administraciones que son de diferente signo político al PP”.

“Ya es suficiente el plazo de dos años que marca el texto para que las instituciones afectadas (el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y cuatro ayuntamientos) se pongan de acuerdo sobre el futuro de los casi 30.000 ciudadanos que viven en esa zona”, consideró el candidato de UPyD, quien añadió que “no es de recibo que pasado ese plazo sin acuerdo, el Gobierno autonómico pueda ceder, permutar y vender los terrenos desafectados por esa ley”.

Luis de Velasco indicó que “UPyD pide a las partes implicadas que superen sus diferencias y que resuelvan este complejo y duradero problema dialogando con los afectados”, y consideró que dos años "es un plazo suficiente para lograr un acuerdo si se tiene en cuenta el bien común por encima de los intereses partidistas. Mientras tanto, en ese intervalo de tiempo deben terminar los derribos de viviendas”.