La adjudicación se produjo en 2007, y ahora el ministerio público también solicita seis años y medio de cárcel para el exconsejero de OHL Javier López Madrid y multa de dos millones de euros por los delitos de cohecho activo y falsedad documental. Su suegro y expresidente de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, quedó exulpado en esta causa.

El ministerio público pide también seis años y medio de prisión para los exdirectivos de la constructora Felicísimo Damián Ramos y Arturo Martín de Nicolás. Para el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y el empresario Adrián de la Joya pide cuatro y tres años y medio de cárcel, respectivamente, y multa de dos millones para el primero y de 1,8 millones para el segundo.

Las penas que solicita la Fiscalía se refieren a la adjudicación de las obras del tren que iba a unir las localidades de Navalcarnero y Móstoles. Según el ministerio público, López Madrid y Martín de Nicolás idearon un plan para lograr la obra que incluía el pago de “una ilícita comisión” de 1,8 millones. Ese dinero acabaría en manos del exgerente del Canal de Isabel II y de Ignacio González, que había sido presidente de la empresa pública de aguas y en ese momento era vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

La idea era que González se aprovechara de su influencia sobre el consejero delegado de Mintra, que era la empresa encargada de la licitación. Así se traspasaron 2,5 millones de dólares desde cuentas de OHL a otras en México propiedad de dos sociedades del grupo. Esos fondos pasaron a cuentas en Suiza antes de llegar a su destinatario final.

El expresidente madrileño está imputado también en otra pieza del 'caso Lezo' en la que se investiga la compara de la empresa brasileña Emissao por el Canal de Isabel II en 2013 por un precio muy superior a su valor de mercado. Por esos hechos, el fiscal pide para González otros ocho años de prisión.