“Más de 1.800 niños y niñas se están viendo afectados por el corte del suministro eléctrico en la Cañada Real”, alertó la plataforma en un comunicado emitido después de varios casos de intoxicaciones por los sistemas de calefacción que emplean para calentarse en las infraviviendas.

De hecho, la entidad sostiene que se han dado síntomas de congelación en bebés. Ante esta situación, ha enviado una carta al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para que tomen medidas.

Tal y como señaló el Defensor del Pueblo en un estudio de 2017 sobre la protección a los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, las administraciones implicadas “tienen la obligación de garantizar energía eléctrica accesible y asequible a las personas en su vivienda habitual”, defendió la Plataforma de Infancia.

Y es que “el acceso al suministro eléctrico es un elemento esencial para una vivienda digna, y un requisito previo para una buena salud”, según la Organización Mundial de la Salud. A comienzos de 2020, el relator de la ONU sobre pobreza extrema Philip Alston alertó en su informe sobre España de la situación de la Cañada Real.

Varios vecinos de la Cañada Real ya han presentado una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Naturgy/Unión Fenosa por una presunta vulneración de los derechos humanos por los cortes de luz.