La entidad también criticó a las administraciones autonómicas y señaló que "salvo en Cataluña, Euskadi y Navarra y, en menor grado, Andalucía, han suprimido todas las direcciones generales de Inmigración que existían antes de la anterior crisis económica, si bien para el caso andaluz hay que destacar que esta ha quedado totalmente vacía de presupuesto y contenido".

Señaló que a nivel estatal "la Secretaría de Estado de migraciones ha optado por una política solo securitaria, obviando el diálogo con todos los agentes del tercer sector o, en su defecto, limitándolo para únicamente cumplir el expediente, permitiendo, además, gravísimos ataques hacia la población migrante, como son las decisiones de apoyar la permanencia de los menores migrantes solo si trabajan en el campo o la caótica gestión de las llegadas de personas a Canarias, sin olvidar, el todavía apoyo expreso al convenio para la devolución de menores migrantes (menas) a su país de origen que solo se detuvo por causa del Covid-19".

En los niveles autonómicos y locales, la Red denunció que "solo hace falta mirar los organigramas de los últimos 10 años para constatar como, ya desde la crisis 2008-2011, las áreas gestoras y responsables del apoyo e impulso de medidas para la integración de la población migrante no solo se han ido suprimiendo, sino, directamente, anulando por fusión con otras, recortando presupuestos y suprimiendo proyectos".