En ellos la petrolera fue sancionada, junto con Cepsa y BP, por infringir la normativa española y europea de competencia, ya que fijaron indirectamente el precio de venta al público de sus carburantes a empresarios independientes que operaban bajo su bandera. Con esta práctica restringieron la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de estaciones de servicio.

Además de las sanciones impuestas, la CNMC instó a las petroleras, entre otros, a tomar las medidas necesarias para que el precio de trasferencia o de cesión del carburante se estableciera con criterios objetivos, de forma que no desincentivaran a las estaciones de servicio a realizar descuentos a sus clientes.

La resolución aprobada ahora forma parte, por tanto, de la labor de vigilancia que realiza la CNMC para verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones que impuso a las petroleras en las citadas resoluciones. Concretamente, respecto a la forma de determinación del precio de transferencia del carburante en los contratos de comisión y en los contratos de reventa indexada a precio de referencia en los cuales los distribuidores son empresarios independientes.

CONTRATACIÓN

La única solución de cumplimiento que adoptó Repsol desde 2016 fue implementar un nuevo modelo de contratación, el conocido como “modelo consigna”, que se basa en la fijación directa de precios a las estaciones de servicio afectadas, bajo la presunción de que actúan como agentes o comisionistas puros.

La fecha definitiva de finalización del proceso de conversión de todos sus contratos al citado modelo era el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, a fecha 1 de enero de 2019 seguían subsistiendo en la red de Repsol una gran cantidad de contratos que incumplían las resoluciones de 2009 y de 2013.

Por todo ello, la CNMC considera acreditado que Repsol ha incumplido las citadas resoluciones, en relación con los contratos sujetos a cumplimiento subsistentes, entre el 1 de enero de 2019 y el 22 de octubre de 2019, fecha, esta última, en la que la petrolera decidió unilateralmente migrar todos los contratos subsistentes a un modelo alternativo denominado “variable precio de tercer cuartil provincial”.

Se trata de la segunda sanción impuesta a la petrolera por incumplir la Resolución de 2009. La primera se aprobó en 2015, cuando la CNMC impuso una multa a la compañía de 8,75 millones.

La CNMC insta a la Dirección de Competencia para que vigile el cumplimiento de la resolución recién aprobada y prosiga la vigilancia del expediente.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.