El manifiesto lleva el membrete de Ecologistas en Acción, Aliança contra la Pobresa Energètica, Coordinadora de Vivienda Madrid, Aigua és Vida, Enginyeria Sense Fronteres, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Red Agua Pública, pero estos grupos parlamentarios, que suelen firmar iniciativas de este tipo, se han sumado a él.

Aunque reconoce algunas de las medidas puestas en práctica por el Gobierno dentro del escudo social, el texto pide "la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas".

"Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la Ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad", establece el manifiesto sobre una propuesta ya trasladada por Unidas Podemos al Gobierno.

"A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, por un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados", añade como novedad respecto a lo barajado hasta el momento.

Por otra parte, se solicita "un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución", y "la redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte".