En concreto en el Eje 6 de la ENIA, referente a establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos, a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social, se engloban algunas líneas de acción que darían respuesta a las necesidades planteadas desde el Cermi.

Además, la medida 27, que pretende poner en marcha observatorios para evaluar el impacto social de los algoritmos, se plantea crear algunos programas específicos entre los que encuentra un Plan Nacional de Protección de Colectivos Vulnerables en IA.

Con esta medida, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial abordaría las necesidades de los colectivos vulnerables en relación a la Inteligencia Artificial, incluyendo a las personas con discapacidad.

La ENIA incluye de forma transversal la perspectiva social abordando cuatro desafíos sociales. El Desafío Social 4, enfocado a favorecer la reducción de la brecha digital, recoge que existen determinados colectivos en situación o riesgo de exclusión social que son especialmente vulnerables a esta brecha digital, por lo que, de no abordar su reducción urgentemente, el uso de la IA añadiría un factor más a la situación de exclusión social que sufren, alejándolos aún de la inclusión social y laboral.

La estrategia considera que las organizaciones y empresas deben asumir que la transformación digital es una prioridad para incrementar su productividad y competitividad en el actual mundo global.