El órgano de gobierno de los jueces procede a realizar hoy varios nombramientos mientras el Congreso tiene sobre la mesa una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que pretende limitar su capacidad de nombramientos cuando el Consejo haya excedido el tiempo de su mandato y esté en funciones, como ahora ocurre.

La falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, ha impedido la renovación del CGPJ, que está pendiente desde hace más de dos años. Ante esta situación, los partidos del Gobierno intentaron impulsar una reforma profunda del sistema de elección de los vocales, pero la resistencia de la carrera judicial y las advertencias de instancias europeas frenaron el proyecto.

Sin embargo, los dos grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo no renuncian a poner límites a las capacidades para nombrar nuevos cargos en la judicatura mientras el Consejo no sea renovado y para ello ambos han presentado una proposición de ley que el pasado martes comenzó su tramitación parlamentaria.

OFENSIVA CONSERVADORA

Ese mismo día, dos grupos de vocales de perfil conservador, todos ellos elegidos a propuesta del PP en su día, presentaron dos escritos para su estudio en el pleno de este jueves en relación a la proposición de ley de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial impulsada por el PSOE y Podemos, que limitaría su capacidad para nombrar jueces cuando esté en funciones.

En la actualidad, el CGPJ lleva más de dos años en funciones ante la imposibilidad de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación. Tras un intento más drástico de reforma, los dos partidos que forman parte del Gobierno quieren impulsar un cambio que no tocaría el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces pero limitaría su capacidad de decidir nombramientos mientras esté en funciones.

En esos escritos en los que piden que el Consejo se pronuncie en pleno sobre la reforma mediante la fórmula del informe a la propuesta de los grupos parlamentarios proponentes. Ese informe se solicitaría al CGPJ en el caso de que la iniciativa legislativa partiera del Gobierno, pero la reforma ha sido impulsada por los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, por lo que el informe no es preceptivo.

El primero de los escritos que irá al pleno del próximo jueves está firmado por los vocales Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández Valverde, todos ellos nombrados a propuesta del PP. Estos vocales proponen que el CGPJ solicite al Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley.

El segundo, firmado por los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán pide que el CGPJ examine la proposición de ley.

Pero mientras tanto, el CGPJ sigue con el orden del día previsto para su pleno de este jueves y está procediendo a realizar nombramientos. El más destacado es el de José Pablo Aramendi, que ha obtenido 17 votos de los 21 del Pleno. La también candidata Emilia Ruiz-Jarabo Quemada obtuvo un voto. En blanco han votado los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Destinado en el Juzgado de lo Social 33 de Madrid desde 1992, Aramendi Sánchez ingresó en la Carrera Judicial en 1990 por el turno de juristas de reconocida competencia. Por su labor al frente de este órgano judicial, recibió el reconocimiento del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes en 2015 y la felicitación, hace unos meses, del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Entre 1990 y 1992, sirvió en el Juzgado de los Social número 1 de Cuenca y, desde abril de 2014 hasta abril de 2015, estuvo destinado en comisión de servicios con relevación de funciones en la Sala de la que ahora ha sido nombrado presidente.

Tras obtener la licenciatura en Derecho, ejerció la Abogacía entre 1974 y 1990, año de su ingreso en la Carrera Judicial. En el curso 2009-2010, ejerció como profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos y en los cursos académicos 2016, 2017 y 2018, como tutor del Prácticum en el Master de Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral organizado por la Universidad Carlos III. Ha participado en 21 actividades formativas organizadas por el CGPJ y ha sido tutor de diversos jueces y magistrados de actividades prácticas tuteladas en juzgados del orden Social.

Es autor de numerosas publicaciones de divulgación científica sobre, entre otros asuntos, el despido de trabajadoras embarazadas, la jubilación, el acoso laboral y el acoso moral, la discriminación de los jóvenes en el trabajo, la articulación procesal de los despidos colectivos e individuales o la discapacidad como factor de discriminación.

Además, el Pleno del Consejo ha elegido a María José Renedo Juárez presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; a David Ordóñez Solís presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias; y a Joaquín González Casso presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos han obtenido 18 votos. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en blanco.