Así se pronunció la jefa de la diplomacia española durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Mireia Borrás, que inquirió la opinión del Gobierno sobre la posición del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero respecto al “régimen dictatorial de Venezuela”.

González Laya aseveró que la posición de España sobre Venezuela la fija su presidente y ella misma, siendo en este caso coincidente con la del resto de Estados miembros de la UE: no reconocer las elecciones parlamentarias, porque “no cumplen con los mínimos estándares democráticos”.

Esto le sirvió para ironizar con el hecho de que “debe ser que hay 27 gobiernos socialcomunistas (en la UE)”, lo que sería la “gran novedad que venimos a descubrir esta tarde”.

A su vez, explicó que España defiende la necesidad de que se establezca una “negociación política en Venezuela entre régimen y oposición, que sólo podrá encararla si permanece unida”.

La ministra concluyó manifestando su preocupación sobre la situación humanitaria que se vive en Venezuela, ante la cual instó a las autoridades y a la oposición del país caribeño a forjar “un mínimo de entendimiento” para atender las “necesidades humanitarias” del pueblo venezolano.

Por su parte, Mireia Borrás comenzó lamentando que fuera la ministra de Exteriores quien contestara a esta pregunta en lugar del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien estaba dirigida. “(Ha de ser) que no se fían (de él)”, adujo.

La diputada de Vox deploró que el Gobierno sea “incapaz de desmarcarse del apoyo a un tirano como Maduro” proferido, dijo, por Zapatero, y manifestó que “cuando un etarra pierde un solo gramo de grasa en su celda dando pena, son los primeros en empatizar con ellos, pero cuando el pueblo venezolano pierde 11 kilos de media en un año no levantan la vista”, por temor a que “el chavismo”, sobre el que dijo que se sostiene el Ejecutivo, le retire su apoyo.

Por último, acusó al Gobierno de “estar fuera de la ley”, incentivando el “tráfico de inmigrantes ilegales, que cuestan más de 150.000 euros diarios con los que se pagarían Ertes y se ayudaría a los autónomos”; y de situarse “fuera de la más mínima moral blanqueando un régimen dictatorial”.