La adhesión de estas dos aseguradoras permitirá garantizar a alrededor de 34.000 empresas proveedoras de bienes y servicios el cobro de sus ventas a crédito a 2,4 millones de clientes comerciales, según detalló este miércoles el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El programa cuenta con unos recursos disponibles de 500 millones de euros, que le permitirán cubrir transacciones económicas por valor de unos 150.000 millones de euros en operaciones comerciales, conforme a los cálculos del Ministerio.

Su respaldo consiste en concreto en la cobertura por parte del Consorcio de hasta el 60% de los riesgos asumidos por dichas pólizas, con la condición de que las compañías que lo suscriban no reduzcan “sustancialmente” los límites de riesgo susceptibles de cobertura con dichas pólizas por parte de las empresas y sectores de la actividad económica existentes a la fecha de firma del acuerdo.

Solo podrán desviarse de este compromiso caso por caso sobre la base de sus políticas internas de evaluación de riesgos, de forma que no podrán llevar a cabo acciones generalizadas o medidas lineales que afecten a carteras o sectores concretos.

El programa de reaseguro nace abierto a todas las compañías que operan este ramo de seguro de crédito que cuenten con un volumen de primas superior a 10 millones, y su cobertura se extiende a tomadores de seguros localizados en España, desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

Su puesta en marcha la ha enmarcado el Ministerio dentro de las medidas adoptadas para “garantizar la liquidez de las empresas, el mantenimiento de su viabilidad y la continuidad de la actividad económica”.

El programa cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea que, según recuerda el Ministerio, ha calificado la medida como “necesaria, apropiada y proporcionada”, señalando que contribuirá a mantener los niveles de cobertura al añadir la capacidad reaseguradora del Consorcio de Compensación de Seguros a la de los reaseguradores privados.

Su operativa y configuración no cumple, sin embargo, con las demandas que había formulado el sector asegurador en su globalidad, interesado en que se pusiese en marcha un sistema similar al establecido en países como Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica u Holanda donde los Gobiernos no exigen la devolución de las ayudas y ofrecen mayor cobertura frente a los riesgos.