Así lo aseguraron los diputados del PSOE Francisco Aranda y de Unidas Podemos Jaume Asens al defender esta tarde en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley con la que buscan que el CGPJ vea limitadas sus competencias cuando ha terminado su mandato y está pendiente de renovación.

La proposición conjunta de los dos partidos del Ejecutivo contará previsiblemente con votos suficientes para tramitarse en la Cámara Baja, debido a que se mostraron a favor, aunque con distintos matices, ERC, EH Bildu, el Grupo Plural, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria. A su vez, el PNV dijo que coincide en que hay una laguna legal cuando el CGPJ entra en funciones, aunque ve con reticencias una reforma acelerada.

Por contra, se mostraron abiertamente en contra el PP, que habló de que se busca “cambiar el régimen”; Vox, que denunció un “golpe de Estado institucional desde la misma Moncloa”; y Ciudadanos, que sostuvo que con esta reforma los partidos del Gobierno buscan sembrar el “caos” en el Poder Judicial para controlarlo.

“SEGUIR CORROMPIENDO”

Frente a este planteamiento de la oposición, Aranda, en nombre del PSOE, indicó que existe actualmente un “vacío normativo” respecto a lo que sucede con el CGPJ cuando termina su mandato. Además, apuntó que la actitud del PP de negarse a pactar la renovación del Consejo sólo se explica por una “actitud trumpiana” de no aceptar la derrota en la elecciones generales.

A su vez, Asens, por parte de Unidas Podemos, acusó al PP de pretender convertir el Consejo “en un búnker inexpugnable para seguir corrompiendo, para seguir colonizando y controlando los puestos clave de la judicatura, el Tribunal Supremo, incluso el Tribunal Constitucional”. A su juicio, los populares buscan protegerse en los procesos de corrupción que les afectan, como el 'caso Gürtel' o el 'caso Kitchen'.

La posición de los dos partidos del Ejecutivo fue apoyada, aunque con matices, por los representantes de ERC, EH Bildu, Compromís y parlamentarios del Grupo Plural. Así, Carolina Telechea, de ERC, manifestó que “es urgente que el Poder Judicial deje de hacer política”, pero acusó a las formaciones del Gabinete de Pedro Sánchez de ser “cómplices” de ello, puesto que llevan dos años sin poner coto al Consejo.

Asimismo, Jon Iñarritu, de EH Bildu, opinó que las medidas que PSOE y Unidas Podemos proponen para limitar las competencias del CGPJ son “insuficientes”. Sostuvo que la repetición del juicio al líder de su partido, Arnaldo Otegi, por el 'caso Bateragune' demuestra que en España, además de “ruido de sables”, hay “ruido de togas apolilladas y franquistas que están intentando incidir políticamente”.

“GOLPE DE ESTADO DESDE LA MONCLOA”

Asimismo, en nombre del PNV, Mikel Legarda coincidió en que existe una laguna legal sobre qué pasa cuando el órgano de gobierno de los jueces entra en funciones, pero cuestionó que PSOE y Unidas Podemos impulsen una “reforma exprés” que no cuenta “con los informes y opiniones tanto internos como de organizaciones europeas”.

Por parte del PP, su diputado Luis Santamaría apuntó que se quiere “poner coto” a la libertad del CGPJ con el objetivo de “cambiar el régimen” político en España. Frente a las acusaciones de corrupción que le dirigió Podemos, este diputado popular dijo que la formación de Pablo Iglesias es “en origen y estructuralmente un partido corrupto”, ya que nació vinculado a “narco regímenes”, en referencia al chavismo de Venezuela.

A su vez, Macarena Olona, de Vox, afirmó que con la limitación de las funciones del Consejo el Ejecutivo “da un golpe de Estado institucional desde la misma Moncloa” y destacó que, como prueban los regímenes chavista de Venezuela y castrista de Cuba, “la democracia muere cuando cae el Poder Judicial”.

Por último, Edmundo Bal, de Ciudadanos, afirmó que, al maniatar al CGJPJ mientras los partidos acuerdan su renovación, PSOE y Unidas Podemos quieren “debilitar” la Justicia, “nombrar a su gente en los poderes de dirección” de los tribunales e “influir en las sentencias”.