Campo, en la rueda de prensa en La Moncloa tras la reunión semanal del Gobierno, explicó que el anteproyecto que aprobó el Ejecutivo busca colocar al ciudadano “en el centro” del sistema judicial y que éste responda de la forma “lo más ágil posible”, algo especialmente necesario por los trastornos causados por la pandemia del Covid-19.

El ministro se refirió a que la Ley de Eficiencia Procesal, que se verá complementada en unos meses con otras iniciativas para lograr la “eficiencia organizativa” y “digital”, pretende agilizar el funcionamiento de los tribunales, a lo que ayudará también la reducción del número de asuntos.

A este respecto, explicó que el anteproyecto aprobado este martes por el Gobierno tiene “tres ejes fundamentales”, uno de los cuales es hacer frente al hecho de que en 2019 entraran en los juzgados 6,2 millones de asuntos nuevos, de los cuales sólo obtuvieron respuesta tres millones.

SENTENCIAS ORALES

En este sentido, indicó que la iniciativa presentada busca complementar los “medios habituales de solución de controversias”, como es una denuncia ante un juez, con un “amplio espectro” de alternativas. Indicó que esto incluye la conciliación y arbitraje, respecto a los que se toman medidas de potenciación.

Así, se eleva a la categoría de “requisito de procedibilidad” el haber intentado una solución negociada a un conflicto, de tal modo que no se dará curso a una demanda en los ámbitos civiles y mercantiles si no lleva este intento de arreglarlo primero al margen de los tribunales. El ministro indicó que el objetivo es librar al sistema judicial de más de 500.000 asuntos, lo que permitiría ahorrar 380 millones de euros, dinero que se podría dedicar a otras inversiones en materia judicial.

Otras novedades en el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal es que se generalizan la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia, lo que facilitará la agilitad y aumentará la seguridad coincidiendo con la pandemia del Covid-19. Campo también indicó que se busca potenciar las sentencias orales y se introduce un nuevo recurso de casación civil.