Para hacer frente a estos costes, que representan el 16% del recibo, El Ejecutivo creará el Fondo Nacional para la Solvencia del Sistema Eléctrico (Fnsse), que se nutrirá en gran parte de recursos procedentes de las empresas comercializadoras de todo tipo de energía, no solo eléctrica.

De aplicarse el porcentaje de ventas de los distintos tipos de energía en la actualidad, las compañías eléctricas se harían cargo del 31% de la cantidad aportada al fondo por las empresas, las de gas natural del 25% y las petroleras del 44% restante.

Para lanzar cuanto antes este nuevo sistema, el Consejo de Ministros ha iniciado este martes la tramitación urgente del anteproyecto de ley que crea este fondo, que contemplará exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.

En relación a estos cambios, el Ejecutivo señala que, si no se modifica el sistema actual, la ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explicaron que el objetivo es que el proyecto de ley esté aprobado a lo largo del primer semestre de 2021 y que desde ese momento se empezará a aplicar el nuevo sistema, que contempla asumir de forma lineal el coste de las primas a las renovables por parte del fondo, a un ritmo del 20% anual. De momento, el ministerio prevé congelar los peajes el año que viene.

En cuanto a la rebaja en la factura, indicaron que la previsión del 13% es asumiendo que las comercializadoras repercutan en su totalidad en la factura el coste que les supondrá su aportación al fondo, lo que hace posible que dicho descuento sea mayor.

Además, apuntaron que se debe tener en cuenta el efecto al alza que se produciría si no se actúa, con una subida de los costes regulados que solo el año que viene podría tener un impacto al alza en el recibo de hasta el 8%.

FINANCIACIÓN DEL FONDO

El fondo se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.

El Gobierno contempla que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lanzado con los fondos europeos pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación.

En cuanto a las aportaciones de los sectores energéticos, éstas se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación como tributos o ingresos de las subastas de CO2.

EXENCIONES Y COMPENSACIONES

El diseño del Fnsse contempla mecanismos para garantizar la equidad y la redistribución justa de rentas en su implementación, con exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y para evitar el doble cómputo en usos intermedios de la energía.

Así, contarán con exenciones el consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.

También habrá bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores por el Fnsse en gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de “fuga de carbono”.

El Gobierno destaca que El impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo puesto que beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción.

Por último, indica que la reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables.