En la rueda de prensa que ofreció como secretario de Organización del PSOE tras la reunión de la Ejecutivo, negó “importantes desencuentros” sobre esta cuestión con Unidas Podemos, sino “más bien lo contrario”. No obstante, apuntó que la norma estará “antes de Navidad” -fuentes gubernamentales señalan a Servimedia que para el Consejo de Ministros del día 22- y que se están buscando que “tenga rigor y la consistencia necesaria” para evitar los recursos.

Así, señaló que esta cuestión sigue en manos del Ministerio de Justicia para prever el contexto en el que los grandes tenedores puedan reclamar sobre la "responsabilidad patrimonial”.

“No es que estemos plantéanos una compensación económica para los grandes tenedores, que son a los que se les podría plantear un periodo de tiempo, para tanto el diagnóstico de vulnerabilidad como para la alternativa habitacional”, explicó. Sino que, apuntó el ministro, “lo que estamos, no es estudiando la compensación económica, sino prever una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, eso es lo que estamos tratando de dejar claro”.

“Frente a cualquier reclamación, que la propia norma contemple la respuesta que se le debe dar. No es que se le tenga que compensar necesariamente", sino que en el caso de tener que estar varios meses con un desahucio paralizado y recurra al Estado, la respuesta esté prevista.

Esta discusión se origina una vez que el Gobierno estudia cómo compensar a los grandes tenedores de propiedades, ya que la nueva normativa prevé evitar los deshuacios de personas vulnerables hasta que se le encuentre una solución habitacional.

CUESTIONES TÉCNICAS

El Ejecutivo todavía está trabajando diferentes en opciones ante el nuevo real decreto ley que aprobará en un par de semanas y que impedirá los desahucios mientras dure el estado de alarma aprobado hasta el 9 de mayo con motivo de la pandemia de Covid-19.

Según varias fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia, la norma que prepara el Gobierno y en la que están implicados hasta cuatro ministerios (Derechos Sociales y Agenda 2030, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Justicia, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) es un real decreto ley que modificará y/o ampliará aspectos del RDL 11/2020.

Este cambio normativo aun está pendiente de "cuestiones técnicas", principalmente jurídicas, para definir la condición de personas vulnerables que deberán acreditar los Servicios Sociales y ajustar las derivadas judiciales para evitar diferencia de interpretación por parte de los jueces.

Las fuentes consultadas explicaron que, si una persona vulnerable sin contrato está en un inmueble de un gran tenedor -persona o empresa con varios inmuebles, que Podemos quiere fijar en diez, pero está por definir- el alzamiento se paraliza. Hasta ahora la persona afectada debía acreditar ante juez que es vulnerable, pero ahora serán los Servicios Sociales quienes lo hagan.

Con el nuevo decreto los Servicios Sociales deberán hacer un informe que, si dictamina que el afectado entra en la categoría de vulnerable, obligará a buscar una solución habitacional en un máximo de tres meses. En ese periodo -o el que fije hasta ese máximo un juez- estará en suspenso el alzamiento hasta que se consiga la solución habitacional, siempre que el país siga bajo estado de alarma.

Durante el tiempo que se pare el desahucio del inmueble, el Ejecutivo estudia cómo compensar económicamente a ese gran tenedor propietario por tener 'ocupada' la vivienda mientras se busca la solución habitacional. Se baraja, según las fuentes consultadas por Servimedia, establecer que la compensación sea en función del precio medio de alquiler en la zona.

Los flecos jurídicos, así como las diferencias políticas al respecto entre los dos partidos que componen el Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos), están detrás de que aún no esté cerrado este cambio legal que evitará desahucios mientras dure el estado de alarma por el coronavirus, no sólo a colectivos vulnerables derivados por la pandemia, como ocurre ahora hasta el 31 de enero, sino también a los que ya se encontraban en riesgo de exclusión por motivos anteriores al coronavirus.