Así lo dijo durante su intervención en el congreso anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, donde defendió como necesario “que aprovechemos el trámite parlamentario para mejorar mediante enmiendas su regulación y hacerla más ágil”.

Asimismo, constató que la Secretaría de Estado y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (PSOE), están “estudiando y trabajando” en la adición de enmiendas al ingreso mínimo, que se tramitará como proyecto de ley después de haber sido aprobada por el Gobierno en mayo.

Según Ignacio Álvarez, el proceso para solicitar esta prestación “se está demostrando demasiado complejo y muy poco ágil para atender situaciones de necesidad que requieren respuestas más urgentes”. Sin embargo, no concretó cuáles serán esas enmiendas para facilitar la concesión del ingreso mínimo.

Estos problemas que plantea este nuevo “derecho subjetivo” los achacó a que, pese a que el ingreso mínimo ya estaba planteado en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, “no teníamos pensado que entrase en vigor tan rápidamente” como consecuencia de las necesidades planteadas por la pandemia del coronavirus.

“Esta es una medida que, hay que reconocerlo, supone un cambio histórico en este país”, defendió. No obstante, reconoció que “el Gobierno es plenamente consciente de que una medida tan ambiciosa se enfrenta a dificultades que deben resolverse cuanto antes”.

Este mismo lunes, el ministro José Luis Escrivá avanzó que su departamento está haciendo una evaluación de las condiciones para acceder al ingreso mínimo "por si hemos sido muy rigurosos con el patrimonio y la renta" mínima exigida, por lo que hay intención de facilitar la tramitación entre las familias que más la necesitan.

El Gobierno planeaba reducir en un 80% la pobreza severa con esta prestación no contributiva de la Seguridad Social, con la que quiere llegar a 850.000 hogares españoles que podrán optar a prestaciones con un máximo de algo más de mil euros mensuales, dependiendo de las características de cada familia, hijos o dependientes a cargo.

Dados los retrasos en la tramitación de los expedientes, el Gobierno aprobó en septiembre una ampliación de los plazos para los solicitantes del ingreso mínimo vital, de forma que podrán acceder a ella hasta el 31 de diciembre. Los expedientes que se tramiten percibirán la ayuda con carácter retroactivo con el total que les correspondería desde el 1 de junio.