Según informó este sábado el Ministerio del Interior, un padre y sus dos hijos, encargados de una empresa familiar dedicada a la adquisición de ropa usada para su venta y distribución en países africanos, han sido detenidos como responsables de la organización.

En el momento en el que la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo entraron en este lugar, el empresario comenzó a gritar a sus trabajadores para que huyeran y se escondieran. Cuatro de ellos consiguieron saltar la valla exterior.

Los demás se encerraron junto al principal detenido durante 15 minutos en una de las naves de la empresa, lapso que aprovechó el empresario para esconder a ocho de las víctimas en un zulo y taponar la salida con carros de ropa compacta tan pesados que resultaba imposible que las víctimas pudieran salir por sus propios medios, extremo que provocó la necesaria intervención de varios agentes en el rescate.

Este habitáculo había sido confeccionado durante los meses del confinamiento con el fin de esconder personas en su interior en el caso de una intervención policial.

Los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular para obligarles a trabajar sin ninguna garantía legal durante largas jornadas de trabajo. Aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales. Un salario de dos euros por cada hora de trabajo y una ausencia total de medidas de seguridad e higiene laboral eran parte de sus condiciones.

A todo ello se sumaba la falta de asistencia en caso de accidente de los trabajadores. En una ocasión, a uno de ellos se le cayó un palé de ropa encima y no recibió asistencia sanitaria. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cartagena por su participación en un delito contra los derechos de los trabajadores.