En ese período, el rey emérito ya no estaba protegido por la inviolabilidad que perdió en junio de 2014, cuando abdicó en su hijo, Felipe VI. Este sería el paso previo al regreso del exjefe del Estado a España desde los Emiratos Árabes, donde se encuentra desde el pasado mes de agosto. Es también un paso imprescindible para evitar que la investigación comandada por la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre esos fondos continúe.

La regularización no está relacionada con los supuestos bienes del monarca en el extranjero sino con el uso de varias tarjetas de crédito con cargo a fondos opacos, más conocidas como 'royal black'. Esas tarjetas fueron usadas por don Juan Carlos y por varios miembros de su familia.

La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

El despacho de abogados Javier Sánchez Junco ha distribuido un comunicado en el que informa del pago de 678.393 euros a Hacienda. Esa cantidad incluiría un recargo del 20% y los intereses de demora correspondientes. El pago se habría hecho de manera voluntaria sin que hubiera requerimiento alguno por parte de la Agencia Tributaria que, en ningún momento habría comunicado el emérito la apertura de una investigación.

Con este pago, la investigación por presunto fraude fiscal (superior a 120.000 euros) o por blanqueo de capitales podría quedar paralizada. La Fiscalía tenía sobre la mesa las pesquisas sobre estos fondos provenientes de ingresos hechos por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Para que el exjefe del Estado pueda esquivar a la justicia, la presente regularización debe ser veraz y completa, es decir, tiene que hacerse por el total de las cantidades defraudadas.