Las organizaciones han enviado una carta al Gobierno en la que le instan a no bloquear la propuesta impulsada por Sudáfrica e India y colabore diplomáticamente para hacer cambiar de parecer a la Unión Europea, que por ahora se muestra reticente.

Esto permitiría la exención de la propiedad intelectual de medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías para luchar contra la Covid-19 mientras dure la pandemia y no exista una inmunidad de grupo a nivel global.

De esta manera, los países miembros de la OMC podrían no reconocer las patentes y, por ende, no pagar por ellas y abaratar tratamientos y vacunas contra el coronavirus.

La propuesta, de momento, cuenta con el apoyo de 99 de los 164 países de la OMC. Sin embargo, países con mejores niveles de riqueza como Australia, Brasil, Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea la han rechazado, de forma que no podrá salir adelante porque se necesita consenso.

“Esta decisión de la Unión Europea contrasta y resulta incoherente con los discursos de los jefes de Estado de sus países, incluyendo a España, y de la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que desde el comienzo de la pandemia han pedido que las vacunas y productos para combatir la Covid-19 sean considerados como bienes públicos”, afearon las ONG.

Y es que “el Parlamento Europeo también adoptó una resolución reconociendo la necesidad de garantizar un acceso equitativo y asequible para todas las personas del mundo a las futuras vacunas y tratamientos tan pronto como estén disponibles”.

Algunas instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han mostrado su apoyo a la propuesta y, hace unas semanas, casi 400 organizaciones internacionales enviaron una carta a los países miembro de la OMC pidiendo su apoyo.

“Si España y otros gobiernos secundan este revolucionario paso, el mundo tendrá la oportunidad de evitar que se repita la tragedia de la epidemia del VIH vivida hace 20 años, cuando miles de pacientes de países en desarrollo murieron porque no podían acceder a los antirretrovirales a causa de los precios desorbitados”, señalaron desde MSF.

Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras (MSF) ya están presionando para que España apoye la propuesta y atraiga al resto de la Unión Europea, aunque el Gobierno, reconocieron las ONG, “no parece favorable a ese apoyo”.