Según esta declaración, de la que informó el Proyecto Gran Simio, "las comunidades locales son desplazadas para dar lugar a interminables filas de árboles idénticos -eucalipto, pino, palma aceitera, caucho, jatrofa y otras especies- que desplazan de la zona a casi toda otra forma de vida". Además, dice el texto, "la tierra cultivable, crucial para la soberanía alimentaría de las comunidades locales, es convertida en monocultivos de árboles que producen materias primas para exportación".

El Proyecto Gran Simio explica que "los recursos hídricos son contaminados y agotados por las plantaciones, al tiempo que los suelos se degradan".

Asimismo, pone de manifiesto las consecuencias de estas prácticas sobre el ser humano. "Las violaciones a los derechos humanos son moneda corriente, y van desde la pérdida de los medios de vida y el desplazamiento hasta la represión e incluso casos de tortura y muerte". "Si bien las comunidades sufren en su conjunto, las plantaciones tienen impactos diferenciados de género, siendo las mujeres las más afectadas, añaden.

Esta organización asegura que, a pesar de toda la evidencia disponible acerca de los impactos sociales y ambientales de estos monocultivos, éstos siguen siendo promovidos por una coalición de actores que van desde la FAO hasta las agencias bilaterales, desde el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques hasta los gobiernos nacionales, desde empresas consultoras hasta bancos privados y de desarrollo.

El motivo real detrás de las acciones de estos actores es, según la declaración: "apropiarse de la tierra de la gente para que empresas de celulosa y papel, madera, caucho, palma aceitera y, recientemente, también biochar (carbón que sería enterrado en el suelo, donde se supone serviría como fertilizante y como depósito de carbono), puedan acceder a mayor cantidad de materias primas más baratas para aumentar aun más sus ganancias".

Igualmente, el Proyecto Gran Simio denuncia que "en respuesta a la publicidad adversa sobre los impactos de las plantaciones de árboles, las empresas han recurrido al uso de mecanismos de certificación que les proporcionan credenciales ecológicas falsas que les permiten seguir con sus negocios de siempre".