La ONG ha identificado hasta ocho violaciones de los derechos humanos como el de la libertad de expresión, discriminación racial e, incluso, hostigamiento, persecuciones y homicidios de defensores de los derechos humanos empleado la crisis mundial del coronavirus como pretexto.

En concreto, Amnistía acusa a Egipto, India, Irán y Turquía de haber dejado a presos y presas de conciencia “consumirse en condiciones atroces al mismo tiempo que publicitaban ampliamente los programas de excarcelación”.

Asimismo, señala a gobiernos de Europa Oriental y Asia Central por sus “medidas represivas y abusivas” que han desatado una “violencia policial”, como es el caso de las autoridades chechenas o kazajas, que llegaron a soldar puertas de viviendas para que los residentes no pudieran salir de sus casas.

“La aplicación policial de las medidas de confinamiento en toda Europa ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios y cuarentenas forzosas”, alertó la organización.

En Reino Unido, la policía de Londres registró entre marzo y abril de 2020 un incremento del 22% en las operaciones de dar el alto y registrar. En ese periodo, el porcentaje de población negra que fue sometida a operaciones de registro aumentó aproximadamente un 33%, según la entidad.

“Los derechos humanos no son un estorbo, son los mejores aliados para salir de esta crisis”, expresó el presidente de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

PERSECUCIÓN A ROMANÍES

Asimismo, la ONG sostiene que las medidas se han cebado en zonas de población vulnerable u obrera, y cita un barrio de Niza mayoritariamente habitado por personas de clase obrera y etnias minoritarias que “se vio sometido a toques de queda nocturnos más prolongados que el resto de la ciudad”.

Asimismo, recopila casos en Bulgaria y Eslovaquia que suponen una “demostración de discriminación contra la población romaní” mediante la declaración de cuarentenas obligatorias en los asentamientos romaníes.

”Los Gobiernos del mundo han reaccionado a la crisis del coronavirus decretando estados de alarma, leyes de emergencia y tomando medidas excepcionales que restringen la libertad de circulación, asociación, expresión y reunión pública, así como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a trabajar. Aunque algunas medidas de emergencia están justificadas, lamentablemente muchos Gobiernos han ido mucho más allá”, insistió Esteban Beltrán.

Otro de los casos que cita la ONG es el de Marruecos, donde “las autoridades han utilizado una defectuosa ley de emergencia sanitaria para procesar a activistas de derechos humanos, periodistas ciudadanos y otras personas por criticar pacíficamente la gestión gubernamental” en la crisis del coronavirus.

Además, “en Puerto Rico, México y República Dominicana la policía ha detenido a personas que se dirigían a comprar alimentos y otros artículos básicos”, alertó Amnistía.

ESPAÑA, CUESTIONADA POR CANARIAS

En relación a la libertad de expresión, la ONG acusa a China de censurar información en los medios de comunicación sobre la Covid-19 y sancionar a quienes lo denunciaban, con periodistas de todo el mundo que “han puesto en peligro su vida, su libertad y su puesto de trabajo para hacer llegar a la opinión pública información que podía salvar vidas”.

“En Turquía, uno de los países que más encarcela a periodistas, quienes ejercen esta profesión han sido objeto de investigaciones penales y detenciones por informar o incluso tuitear” sobre el coronavirus, advirtió la organización.

En el caso de España, Amnistía Internacional reprocha la situación de los migrantes en Canarias con la tramitación de “órdenes de devolución sin que las personas migrantes o posibles solicitantes de asilo hubieran recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos”.

También señala a los Centros de Estancia Temporal para Migrantes (CETI), especialmente al de Melilla, donde los internos están “hacinados” y “sin reunir las condiciones adecuadas para garantizar la protección y la salud de las personas residentes”.