Así lo desvela el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una respuesta escrita al Parlamento Europeo a preguntas del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros, Antoni Comín y Clara Ponsatí, políticos independentistas reclamados por la justicia española tras su huida a Bélgica en 2017 y que gozan de protección en el Europarlamento tras recibir sus actas.

En la pregunta recogida por Servimedia se interesan por el procedimiento de infracción abierto por Bruselas a España en el año 2015 ante la presunta violación de la Directiva sobre la morosidad y si la UE condicionará a su cumplimiento los recursos que lleguen al país del fondo ‘Next Generation’ para evitar cierres de pymes por falta de liquidez.

El comisario explica que dicho procedimiento “sigue abierto”, aunque gracias a él las autoridades públicas han reducido el stock de deuda comercial, “que era especialmente elevada en las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales”, y su metodología de cálculo del período medio de pago “es ahora más rigurosa y conforme” con la Directiva sobre la morosidad.

Cuando la Comisión incoó el procedimiento de infracción en 2015, los plazos medios de pago del sector público en España oscilaban entre 80 y 120 días, cuando, por término medio, deberían ser de treinta días. En algunas autoridades locales, superaban, incluso, los 200 días.

Conforme a los datos facilitados por Bruselas, el período medio de pago ha ido mejorando “hasta oscilar entre 36 y 90 días” conforme a los datos de Hacienda de febrero pasado, “pero sigue habiendo ámbitos en los que los retrasos excesivos no ha experimentado mejoras significativas, o en los que las mejoras no se han mantenido a lo largo del tiempo”.

El comisario Breton precisa que “los retrasos en los pagos siguen siendo elevados, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas”, razón por la que se volvió a conminar a España a aplicar medidas para facilitar liquidez a pymes y autónomos y evitar los retrasos en los pagos entre las recomendaciones del Semestre Europeo 2020.

En su respuesta apunta que la crisis del Covid-19 ha afectado además duramente a las pequeñas y medianas empresas en toda la Unión Europea, “agravando aspectos como los retrasos en los pagos en el marco de las transacciones comerciales, que ya eran endémicos en algunos Estados miembros”.

Para poner coto a esta situación ve “necesario” también que las autoridades nacionales “hagan cumplir más eficazmente las disposiciones de la Directiva sobre la morosidad que se aplican a los retrasos en los pagos en las transacciones entre empresas, puesto que estas son responsables de una parte significativa de los atrasos adeudados a pequeños proveedores”. “Los retrasos en los pagos repercuten rápidamente de un proveedor al siguiente, obstaculizando la competitividad y la resiliencia de ecosistemas enteros”, alerta.

Por ello y con intención de “fomentar una cultura de pago sin demora en los Estados miembros”, Breton desvela que la UE va a lanzar un observatorio virtual de la morosidad y sistemas piloto de mediación y de resolución alternativa de litigios, “a fin de ayudar a las pymes a resolver con rapidez los litigios relativos a los pagos” en el marco de su Estrategia para las Pymes.

Las asociaciones de autónomos y de pymes vienen demandando desde hace tiempo en España extender el régimen sancionador que ya existe para el sector privado a la administración pública cuando incumplen los plazos de abono de facturas, junto a otras medidas para agilizar los pagos con el objetivo final de que puedan tener su propia liquidez sin tener que endeudarse para obtenerla.