“En mayo habrá que discutir si tiene sentido dejar a las personas en la calle una vez acabado el estado de alarma; mi posición se la pueden imaginar”, declaró en una entrevista con TVE recogida por Servimedia.

La coalición entre Unidas Podemos y el PSOE alcanzó ayer un acuerdo para la paralización de los desahucios a familias vulnerables durante el estado de alarma y que fue negociado entre la Vicepresidencia de Iglesias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que encabeza el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos.

En base a este acuerdo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas cuando los servicios sociales así lo acrediten ante el juez, siempre y cuando no exista la posibilidad de que sean realojadas en una “vivienda digna”, nunca en “albergues y polideportivos”, dijo el vicepresidente segundo.

La medida, pronosticó, será aprobada en el próximo Consejo de Ministros “si no para el siguiente” y limita la paralización de estos desahucios durante la vigencia del estado de alarma, pues “no podemos dejarles en la calle en un momento en el que las autoridades estamos pidiendo a la población que debe estar en casa”.

No obstante, la intención de Unidas Podemos era que la medida tuviera una vigencia hasta 2023, por lo que pretende renegociar con sus socios de Gobierno en mayo.

“Han conseguido ganar las familias que están en situación muy difícil y quiero dar las gracias al Sindicato de Inquilinos y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), porque cuando se presiona en la buena dirección y la presión viene de colectivos sociales, los resultados se pueden expresar a favor”, añadió.

Según lo acordado por el Gobierno, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna. Serán los gobiernos autonómicos quienes deberán ofrecer una alternativa habitacional, mientras que los servicios sociales tendrán que elevar un informe al juez acreditando la vulnerabilidad de la familia.

El pacto incluye también a las “familias en precario” en viviendas de propietarios que tengan más de una decena de viviendas y, en este caso, las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.