“Vamos a emplear más de 700 millones de fondos europeos para inversiones que mejoren la atención a los mayores, transitando del modelo de residencias al de países nórdicos y que apueste por la atención domiciliaria”, insistió Iglesias en el Congreso de los Diputados al defender las cuentas de su departamento.

Asimismo, recordó que los Presupuestos contemplan una inversión de 600 millones en la aportación del Estado al sistema de dependencia, de forma que el 50% corra a cargo de la Administración General del Estado y la otra mitad de las comunidades autónomas ,y que permitirá “reducir las listas de espera”.

El Gobierno ya presentó un plan de choque para el Sistema de Atención a la Dependencia para dotarlo con 600 millones de euros más, y que focaliza en la teleasistencia y la profesionalización de los cuidados, al tiempo que pretende tender a residencias más pequeñas.

En concreto, el Ejecutivo tiene intención de invertir 1.400 millones de euros esta legislatura en nuevos equipamientos para cuidados de larga duración como residencias, centros de día o viviendas adaptadas para tender a un modelo con centros “más pequeños” y que potencie la teleasistencia y la digitalización.

El plan de choque contempla, además, dar un impulso a la teleasistencia y definirla como un “derecho subjetivo” del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su casa.

En octubre había 630.000 personas con dependencia con alguna prestación no residencial reconocida, pero que aún no tienen acceso a la teleasistencia. El Gobierno estima que, potenciando esto, un total de 870.000 personas más pasarían a beneficiarse de la teleasistencia.

Iglesias también destacó que se va a potenciar la educación de cero a tres años con 200 millones de euros, así como la conciliación con 300 millones de euros para implantar derechos para el cuidado de hijos recién nacidos de 16 semanas para madres y padres y que sean iguales, intransferibles y pagados al cien por cien.

Otros 200 millones, dijo, serán para la conciliación de familias con niñas y niños menores de 14 años a través de “la contratación pública de cuidadores profesionales como primer paso para construir un sistema de cuidados que asuma la corresponsabilidad de las administraciones” y que sea “una fuente de generación de empleo”.