Desde la tribuna del Congreso, la ‘número dos’ del Ejecutivo ofreció las líneas generales en las que se destinará este monto que supone un 83% más que en lo último presupuestado, pero un 100% respecto a lo destinado bajo los últimos gobiernos del Partido Popular pese a que estaba en vigor la ley.

Calvo apuntó que se trata de llevar a cabo la “reparación de todas las víctimas, la verdad, la justicia y el perdón”, y de ahí el impulso al banco de ADN y las partidas en el plan cuatrienal para las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes.

“Recuperaremos la memoria democrática, que es el episodio tráfico que el levantamiento militar, la dictadura, el exilio y las consecuencias de semejante tragedia” dejaron en España.

En esta línea, se está elaborando con las comunidades y entidades locales un plan cuatrienal de fosas, cuya primera anualidad corresponderá con las partidas que se recogen en este presupuesto. Todo ello supone que se dedicará el 60 % del presupuesto de actividades, recogido en el presupuesto de la Secretaria de Memoria Democrática, a la primera anualidad del plan cuatrienal de exhumación de fosas

Por otra parte, Calvo destacó que se ha dirigido “de manera respetuosa a todas las confesiones” religiosas que mantienen relación con el Estado, “independientemente de la práctica numérica, pero por igual en ´términos de dignidad y respeto”

AUMENTO PARA EL CIS

Calvo también se refirió al aumento hasta los 9,1 millones de euros del presupuesto para el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), lo que supone un 13,2% más, que los 8,05 millones de los que dispuso gracias al presupuesto prorrogado de 2020.

Manifestó que asciende el monto “por las necesarias adaptaciones para realizar encuestas vía telefónica, ‘on line’, para toda la planificación del muestreo y estudios anuales, un esfuerzo de ampliación y trabajo de adaptación a los nuevos formatos, para el mejor trabajo del CIS”.

Asimismo, ensalzó, entre otros de los organismos que dependen de las cuentas de su Departamento, el presupuesto de 30,7 millones de euros para la Agencia del Boletín Oficial del Estado (BOE), la cual ensalzó como una de las “mejores”, un monto “coincide con los de sus ingresos”.

IRRELEVANCIA

Calvo reconoció que “las responsabilidades” que tiene por ocupar la Vicepresidencia Primero, y el Ministerio de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática “no corresponden presupuestariamente con ninguna área de ministerio inversor, y el presupuesto del que dispone es menor con las áreas de gestión”.

En esta línea fue el duro reproche que la diputada del Partido Popular Macarena Montesino dirigió a Calvo arrojándola a la “irrelevancia” dentro del Gobierno. A su juicio, ese lo muestra incluso el presupuesto que tiene porque no es más que un “mero apéndice” de Presidencia del Gobierno.

Además, Montesinos arremetió con la función de la vicepresidenta de estar a las órdenes de “tres varones: Sánchez, Iglesias y Redondo”, dijo en referencia al presidente del Ejecutivo, al vicepresidente segundo y al jefe de Gabinete de Presidencia. “Usted, dijo Montesinos a Calvo, sólo obedece y ejecuta”.

Igual que el PP, a la tribuna subieron para defender sus enmiendas el diputado de la CUP Albert Botran, quién le reprochó entre otros asuntos, que vete repetidamente la acción de control parlamentario de la oposición sobre el Rey emérito.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, realizó un popurrí de críticas al Gobierno, desde el incremento salarial a los miembros del Ejecutivo que iba inicialmente en los PGE, a los apoyos de EH Bildu y ERC a las cuentas públicas, dos partidos independentistas, pese a que los socialistas abogan por “garantizar la convivencia”. “¿Van a garantizar la convivencia legitimando la anarquía?”, preguntó Bal ante la intención de Unidas Podemos de revisar el delito de rebelión.

También denunció que “no son ustedes muy de la transparencia, me pegan más del secreto oficial, y lo hacen ya con mucho descaro”. “Pudieron elegir a Ciudadanos, pero eligieron la locura”, espetó el portavoz de Ciudadanos.

Desde Vox, se acusó a la izquierda de “atizar” con la cuestión histórica de que la “izquierda es democracia” y la derecha dictadura. Por eso, denunció de “injustificable” los 11,3 millones para Memoria, porque “la única reparación moral es que no los vemos como republicanos o nacionales sino como españoles; y las leyes de la Memoria insisten en los bandos, en buenos y malos, lo que les mueve no es la intención de parar, sino conseguir votos en 2020 con muertos de 1936”.

Al final intervino el diputado del PSOE Odón Elorza que acusó a los diputados de Vox de alimentar el odio y de hacer que otros lancen “acusaciones de fusilamientos”, en referencia al último manifiesto de militares retirados que apelan al Rey por la unidad de España.