Así lo explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde apuntó que dichas medidas se aplicarán a la electricidad, el agua y el gas.

Preguntada por si dichas medidas se aprobarán de forma conjunta a la ampliación de la suspensión de los desahucios, respondió que no es algo que esté decidido, que pueden ir en un mismo real decreto o no.

“Vamos a seguir trabajando en todas las materias que permitan que en este periodo tan sacrificado para los ciudadanos haya un colchón de seguridad”, destacó la portavoz.

En relación con los desahucios, indicó que el real decreto incluirá también medidas relativas a garantizar que las familias vulnerables puedan contar con alternativas habitacionales, algo en lo que deberán implicarse las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Desde la declaración del estado de alarma hasta el 30 de septiembre se prohibieron los cortes de luz, gas y agua en todos los hogares, se extendió la prórroga del bono social eléctrico y se flexibilizó la gestión de los suministros.

A partir del 1 de octubre, con el objeto de continuar ampliando estas medidas de acompañamiento y proteger a aquellas personas que, como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, se encuentren en situación de vulnerabilidad, se crea un nuevo supuesto para acceder a la condición de consumidor vulnerable y, con ello, dar acceso a estas personas al bono social eléctrico.

La principal novedad de este nuevo supuesto es que basta con una declaración responsable del titular para acceder a la prestación. Esto facilita que todos los hogares que lo necesiten puedan disponer del bono social de forma inmediata.

Está prohibido el corte de suministro a los beneficiarios del bono social en determinados supuestos, como es el caso de que haya menores, dependientes o personas con discapacidad en el hogar.