Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado en la que informó sobre las líneas generales de actuación de su departamento durante la presente legislatura, el mismo día que la farmacéutica Moderna anunció que pedirá hoy mismo la autorización para su vacuna en Europa y EEUU.

La jefa de la diplomacia española comenzó su intervención recordando a quienes han fallecido por coronavirus en España y en terceros países, y subrayando que “ahora, que empezamos a vislumbrar la luz al final de un túnel que está siendo tan largo, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esta luz lo sea también para nuestros vecinos y socios, para todas las personas, sin distinción de etnia, credo, ideología, procedencia o género”.

A su vez, proclamó la importancia de anteponer como prioridad “salvar vidas y reforzar los sistema de salud pública” a cualquier otra consideración, lo que le sirvió para considerar “vital” garantizar el “acceso universal y equitativo a las vacunas”, y “preparar a los sistemas de salud para su distribución a toda la población, incluyendo los lugares más remotos”, con “especial atención a los colectivos que sufren discriminación, exclusión social o discapacidad, y garantizando el acceso a la misma de todas las mujeres y niñas”.

La ministra atestiguó que es “fundamental” que las futuras vacunas y tratamientos contra el coronavirus tengan la consideración de “bienes públicos”.

González Laya recordó que el Gobierno ha apostado por una “solución global y coordinada, fortaleciendo los mecanismos de cooperación en salud”, como se pone de manifiesto con el refuerzo de su apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el coliderazgo que ejerce en la alianza internacional de Aceleración del Acceso a Herramientas Covid-19.

También destacó que España ha comprometido 50 millones de euros adicionales para la alianza de vacunación GAVI y otros 75 millones para la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).

Por su parte, explicó que la acción de la cooperación española este año ha estado “profundamente marcada” por la pandemia, que “ha puesto de manifiesto que vivimos en una aldea global, que ninguno estaremos a salvo hasta que todos estemos a salvo”, además de “haber puesto en jaque no sólo los sistemas de salud de nuestros socios, sino todo sus sistema socioeconómico”, acrecentando las “desigualdades” y la “exclusión social”.

La ministra también alertó sobre aquellos “populismos y extremismos basados en la premisa ‘nosotros primero’, que han erosionado gravemente el multilateralismo, el compromiso con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París”, y que conviven con cifras económicas caracterizadas por su “gravedad”.

En ese sentido, expuso que las previsiones del FMI apuntan que en 2020 el PIB mundial conocerá una caída del 4,4%, que las del Banco Mundial señalan que este año entre 88 y 115 millones de personas caerán en situación en pobreza extrema, que la Unesco advierte de que “centenares de millones” de estudiantes se han visto afectados por cierres de escuelas, colegios y universidades, mientras que el Programa Mundial de Alimentos augura que entre 149 y 270 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria antes de que acabe este año.

Ante esta situación, expuso que el Gobierno ha pasado “a la acción y la aceleración” a través de la puesta en marcha de la ‘Estrategia de Respuesta Conjunta’ de la Cooperación Española a la crisis del coronavirus, que se asienta sobre tres ejes: la “integralidad”, el “espíritu de consenso” y la Agenda 2030 y el Acuerdo de París como “hojas de ruta”.