La formación republicana escenificó su anuncio con una rueda de prensa telemática protagonizada por su coordinador general y candidato a las eventuales elecciones catalanas del 14 de febrero, Pere Aragonès, en su sede en Barcelona, y a través de una pantalla por el portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, Gabriel Rufián. Ambos comparecieron tras la reunión de la Ejecutiva de ERC en la que se tomó oficialmente la decisión.

Comenzó hablando Rufián, quien comenzó defendiendo “lo que se está haciendo desde la izquierda soberanista abertzale”, que marca “un cambio de paradigma” respecto a lo ocurrido en los últimos 40 años, cuando los gobiernos españoles se apoyaban en la derecha nacionalista vasca y catalana. "Eso ha acabado", estableció, señalando que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos está "obligado" a pactar con el independentismo progresista de izquierdas.

Rufián justificó que el acuerdo de Presupuestos con el Gobierno español era un “compromiso electoral” de ERC, que prometió en campaña “utilizar toda su fuerza política negociadora” al servicio del pueblo catalán y gobernar el “mientras tanto”, entre el momento actual y la consecución de sus ideales independentistas.

“Eso no nos hace menos republicanos, menos independentistas. Nos hace más útiles”, reivindicó. “El independentismo no debe regalar ni el presente ni el futuro”. Y retó tácitamente a Junts y la CUP a aclarar “cuál es la alternativa” a esta actitud, pues, como suele decir, “queda poco espacio para la magia”.

Aragonès confirmó el “acuerdo en toda su dimensión” con el Gobierno tras el preacuerdo anunciado ayer, y lo describió como, un acuerdo exigente para conseguir todos los recursos, aclarando que no es “un cheque en blanco”. Aseguró que el Ejecutivo se ha comprometido a destinar a Cataluña el 19,3% del total de las inversiones y transferencias, por primera vez a la altura del porcentaje del PIB catalán sobre el conjunto de España.

ACUERDOS

El líder de ERC también aseguró que, en su negociación presupuestaria, el Gobierno se ha comprometido a que la Generalitat participe en la gestión directa de los fondos europeos, aumentar la dotación de las becas, una moratoria en la cotización de los autónomos de toda España y la apertura de un corredor humanitario para proyectos de ayuda a refugiados y solicitantes de asilo. Igualmente, puso en valor el final de la fiscalización por parte del Estado de las finanzas de la Generalitat cinco años después, el "155 económico" según la describió, y que ya se conoció ayer.

Aragonès esgrimió también una supuesta mejora de la financiación en dependencia, el aumento de las becas y que la Generalitat comenzará a gestionar en Cataluña el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno español. Finalmente, el coordinador defendió no renunciar al independentismo pero tampoco a mejorar las condiciones de vida de la gente.

A preguntas de los periodistas, dijo que la Comisión Mixta de Infraestructuras pasará a controlar cada cuatro meses el ritmo de ejecución de las inversiones estatales prometidas, que en todo caso debe quedar siempre por encima de la media estatal, según su versión del acuerdo.

También defendió que se vaya a crear un grupo de trabajo para acabar con la supuesta “competencia desleal” de la Comunidad de Madrid, que se permitiría bajar impuestos aprovechando su atracción de empresas como capital de España. “Se han acabado los privilegios”, proclamó, aunque tuvo que decir que "el problema no es el régimen foral" cuando se le preguntó si haría extensivas sus demandas al País Vasco y Navarra.

Respecto al conflicto político de Cataluña, Aragonès insistió en la resolución política del mismo con un referéndum de autodeterminación y en la libertad de los presos independentistas, pero no concretó en plazos concretos sus demandas. En cuanto a los fondos europeos y su cogestión, explicó que la Generalitat marcará con carácter previo sus prioridades de inversión al Gobierno español.