Este asunto forma parte del “segundo paquete de enmiendas” aceptadas por el Gobierno y que han sido clave para que el PNV se haya avenido a apoyar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En el texto de la enmienda en cuestión se establece que se creará una comisión entre ambas partes (Defensa y Ayuntamiento) que tendrá la comisión de fijar un precio a partir de los aprovechamientos que se obtengan de la recalificación del acuartelamiento.

La cesión de los terrenos se justifica ante la “escasez de suelo” en San Sebastián para “atender el desarrollo urbano y la necesidades residenciales de la ciudad”.

El suelo que ocupan los cuarteles tiene una superficie de 20 hectáreas, lo que, según el texto de la enmienda, lo convierte en el “único” terreno “apto” para la construcción de un “ecobarrio de dos mil viviendas, dotándose además con parte de ellas una oferta importante de VPO para cubrir las necesidades de aquella parte de la población cuyo acceso a la vivienda precisa de este tipo de iniciativa pública”.

Los cuarteles de Loyola se construyeron en 1926 para “guarnecer la ciudad” de San Sebastián y llegaron a albergar hasta 2.000 militares. Actualmente, según la enmienda, tienen una “ocupación muy inferior a aquella capacidad máxima, lo que permite desocupar la actual ubicación y proceder a su traslado a un emplazamiento más acorde y mejor dimensionado a sus necesidades actuales sin perjuicio a su operatividad".