Esta asociación se pronuncia así tras la reforma anunciada por el Gobierno que prevé que sean los fiscales los que dirijan la investigación penal y, entre otras cosas, pide conocer el texto íntegro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“Venimos reclamando desde hace años la necesidad de que el nombramiento del fiscal general del Estado quede blindado de toda injerencia política”, aseguró la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.

Esta organización propone que “el mandato del FGE no coincida con el del Gobierno que lo propone, sino que tenga un plazo superior, de manera que la duración del mandato de este primero no coincida con el del segundo y que el cese del ejecutivo no determine el cese del FGE”.

De esa forma, se evita que el fiscal general aparezca como “vinculado al Gobierno que lo nombró”. Piden también establecer un sistema de contrapesos para limitar el poder del FGE, dotando al Consejo Fiscal, como órgano democrático de representación de los fiscales, de mayor relevancia en la toma de decisiones.

Respecto a los medios y recursos que disponen los fiscales, Cristina Dexeus vuelve a denunciar que “precisamos de más medios personales y materiales para afrontar esta nueva etapa, así como de un diseño muy estudiado y ajustado de la composición de la Carrera Fiscal”. “Todo ello debe hacerse con estudio serio previo sin escatimar en los recursos personales y materiales”.