En la extensa presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que realizó desde el Museo Würth junto a la presidenta de la región, Concha Andreu, Sánchez puso el foco en “educación, educación, educación”.

Un día después de que el Congreso remitiese al Senado la conocida como ‘ley Celaá’ para seguir su tramitación parlamentaria, Sánchez hizo una defensa del proyecto educativo de su Gobierno porque la educación, dijo, es una de las “prioridades absolutas” de su Ejecutivo.

Así, indicó que esta nueva norma busca “consolidar ese salto modernizador que estamos impulsando junto con las empresas y los interlocutores sociales. Porque las enseñanzas profesionales son, sin duda, la base de la recuperación, de la transformación y de la empleabilidad de cientos de miles de jóvenes”.

En esta línea, el presidente aseguró que la nueva ley va a “dinamizar” el sistema integral de Formación Profesional, haciendo una “cosa inédita pero muy necesaria” en España que es pasar por unificar la FP del sistema educativo con la FP para el empleo.

De este modo, se trata de “reforzar la formación dual y las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral para que la formación a largo de la vida sea una realidad que mejore la empleabilidad, la calidad del empleo y, en consecuencia, la competitividad de las empresas y el desarrollo económico en nuestro país”.

“Educación, educación, educación, y una apuesta decidida por la Formación Profesional que venimos ya impulsado durante estos dos años", pero que el Gobierno aspira a “consolidar con ese salto” de la nueva ley, apuntó el jefe del Ejecutivo.

Sánchez admitió que se han fijado también en esta cuestión un objetivo “ambicioso”, pero “muy necesario” que pasa por “crear 200.000 nuevas plazas en los próximos tres años; queremos actualizar los títulos, crear otros nuevos ligados a sectores emergentes como la robótica, el big data o la industria inteligente”.

Al tiempo que “desplegar un plan también para acreditar las competencias básicas y profesionales de más de tres millones de trabajadores” que abandonaron sus estudios, desarrollaron competencias laborales que ahora no tienen certificadas y que ahora se les reconocerá.