Todos los grupos menos Vox instaron al Gobierno regional a que garantice "la existencia de plazas de menores con trastorno de conducta o salud mental". También la promoción, desde la Consejería de Políticas Sociales, de una mesa por la convivencia con las entidades sociales y vecinales interesadas y que el decreto de edad se realice "con prontitud" de cara a una intervención eficaz y realista en comunicación con la Fiscalía.

Asimismo, consideraron necesario que se impulsen "los espacios de encuentro y comunicación con la Consejería de Educación, para la asistencia a formación reglada de los chicos que ingresan en los centros de Primera Acogida de Hortaleza y Clara Eugenia" y adecuar y mejorar los espacios de ambos centros

Además, exigieron cumplir con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, para que se limite el número de plazas de los centros Isabel Clara Eugenia y Hortaleza al previsto inicialmente.

En la citada moción también se exige aumentar el presupuesto regional de atención a menores y apoyo económico en relación con las derivaciones, así como adecuar el conjunto de la red de atención, acogimiento y tutela de menores a las nuevas realidades, tanto del aumento de población menor de origen extranjero no acompañados, como a las nuevas realidades en los trastornos de conducta y nuevas problemáticas familiares.

Estos grupos también plantearon "la reestructuración de los recursos actualmente existentes y la creación de nuevos en caso de ser necesarios para ubicar a los menores que se encuentren en primera acogida de forma que todos tengan asignada una plaza en la que puedan recibir la atención individualizada que precisan" y que "se adopten medidas para evitar que el tiempo máximo de estancia en los centros de primera acogida supere los tres meses".

También propusieron "potenciar y mejorar programas específicos que atiendan las problemáticas de los trastornos graves de la conducta asociados al consumo de tóxicos" y "perfiles profesionales adecuados para trabajar con menores que no conozcan el idioma".

El diputado de Vox Ignacio Arias dijo que esta iniciativa se merece una "enmienda a la supertotalidad" porque "perjudica a los niños y mezcla todo". “Los niños deben educarse con sus familias y según sus costumbres", consideró.

“LA ULTRADERECHA QUEDA RETRATADA”

La diputada del PSOE Carla Antonelli, tras considerar que "una vez más, la ultraderecha hoy queda retratada", denunció la "decadente estructura" de los centros de menores no acompañados y manifestó que "con los derechos fundamentales de los menores no se juega".

La diputada del PP Dolores Navarro indicó que el asunto de los menores extranjeros "va más allá de la cuestión del Gobierno regional". "Además de las medidas que se adopten desde la Comunidad, debemos elaborar un compromiso nacional", dijo la parlamentaria, quien consideró que el Gobierno de España "no ha hecho nada" sólo provocar un "efecto llamada".

La diputada de Unidas Podemos Paloma García defendió "los derechos de los niños independientemente de su color de piel o nacionalidad" porque ante todo son "niños que están solos, que por muchas circunstancias no tienen familia y que la Comunidad debe tratar como hijos".

La diputada de Más Madrid Tania Sánchez consideró que Madrid es "una sociedad no de guerra sino de solidaridad" y que “Vox quizás no apoya" esta iniciativa porque "saca rédito político de los miedos internos de la ciudadanía madrileña".

Por último, la diputada de Ciudadanos Carla Santiago destacó que "la mayoría de estos menores sufren una ruptura entre las expectativas y la realidad que se encuentran, se ven inmersos en procedimientos administrativos interminables y se enfrentan a sistemas de protección a la que no están acostumbrados y al rechazo por parte de la sociedad receptora".