Su evaluación la efectúa frente a la propuesta del Gobierno de limitar el precio de los arrendamientos y en base a las conclusiones de un informe donde analiza los efectos de medidas similares desde la España de 1964 a los casos más recientes en París, Berlín o Cataluña. Con su análisis concluyó que las limitaciones producen “efectos contrarios a los deseados”, ya que “no se ha logrado regular el mercado de alquiler”, la oferta “se ha retraído”, la demanda “se ha intensificado” y los precios “se han disparado”.

En las conclusiones del estudio, Alquiler Seguro añadió que la medida se anuncia “sin tan siquiera contemplar la situación actual”, con precios ya autorregulándose y con los “graves problemas” económicos y sociales causados por la pandemia.

Destacó también que “no se ha tomado en consideración” que en España las viviendas no se encuentran “en manos de instituciones o grandes tenedores”, sino en la de “pequeños propietarios” a los que estas medidas “les terminarán de castigar y desincentivar”.

“En el sector hemos arrastrado durante años las políticas restrictivas de esa legislación orientadas a la compra y a la discriminación de los arrendamientos que sólo trajo consigo una fuerte retracción de la oferta y el deterioro del parqué inmobiliario”, afirmó su consejero delegado, Antonio Carroza, en la alusión a la ley de 1964 que instauró la conocida como ‘renta antigua’, algo que estuvo en vigor hasta el 1994, provocando asimetrías en el mercado que solo se resolverían con normas posteriores.

El estudio revela que normas similares provocaron en Berlín una caída del 25% en la oferta del alquiler en un año, encareció las rentas un 36% e incrementó la economía sumergida, ya que en algunos inmuebles sus propietarios reclaman una parte de la renta de manera irregular. En la actualidad la medida está bajo revisión del Tribunal Constitucional.

En París, la intervención de precios en el 2015 provocó que el 15% de la oferta desapareciese en dos años y se produjo un endurecimiento en las condiciones exigidas por los propietarios a los arrendatarios, entre otros efectos.

El estudio constata que en Barcelona, donde se adoptó una medida similar en septiembre, hay ya "recelo" de los propietarios a arrendar sus viviendas, un incremento de precios mientras descienden en otras comunidades autónomas y "de los alquileres en 'B'", además de observar un endurecimiento de las condiciones de arrendamiento.

Alquiler Seguro reclamó que las medidas no han de ser “restrictivas y sancionadoras” sino que deben “garantizar la seguridad de propietarios e inquilinos” a través de mayor seguridad jurídica o ventajas fiscales. Asimismo, señaló que “modelos de éxito” como el de Viena se basan en inversión “por parte de entidades municipales y gubernamentales” en políticas de creación y mantenimiento de vivienda público-privada “que faciliten el acceso” al sector de población que denominan como “familias emergentes”.

VIENA, UN “MODELO EJEMPLAR” DE “DIFÍCIL APLICACIÓN” EN ESPAÑA

Como ejemplo de actuaciones en la buena dirección, el estudio apunta el modelo vienés, en marcha desde 1920 y que hace que la actualidad casi el 77% de su oferta en vivienda sea en alquiler social, siendo un 60% de la misma prácticamente de titularidad pública.

Entre sus características el informe subraya que dedica 600 millones de euros de fondos públicos al año en mantenimiento y construcción de vivienda, financiados en parte por un “impuesto a la vivienda” del 0,5% de los salarios. Se trata de una ciudad donde más del 80% de los habitantes alquilan y el 66% viven en pisos con algún tipo de subvención municipal.

La vivienda, que es en gran parte pública o subvencionada y con precios regulados entre los 5 y 7,5 euros por metro cuadrado, cumple con “unos criterios de calidad excepcionales” en muchas ocasiones “superiores a los de la vivienda libre” y está localizada en toda la geografía de la ciudad, no solo en las afueras.

El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, indicó que se trata de “un modelo ejemplar”, pero de “difícil aplicación” en nuestro país pues requiere de una “fuerte inversión económica” por parte del Estado y de años de adaptación.