En concreto, la enmienda al articulado del proyecto de Presupuestos introduce una nueva disposición final que modifica la Ley de 2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

El artículo 1 de esa norma establecería que "hasta transcurridos 11 años desde la entrada en vigor de esta ley no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica, la vivienda habitual de personas que no tengan alternativa habitacional". La motivación ratifica esa extensión de la prohibición "hasta 15 de mayo de 2024".

La presentaron el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens, y los portavoces de ERC y EH Bildu en el Congreso, Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua, en rueda de prensa también conjunta en la que escenificaron esta iniciativa que replica como enmienda a los Presupuestos los manifiestos que los tres grupos parlamentarios, junto a otros, han firmado ya en las últimas semanas.

Asens repitió el conocido argumento de que, cuando se pide a la gente que se quede en casa y se lave las manos para contener la propagación del coronavirus, es “una incongruencia” dejarle sin casa sin tener alternativa habitacional o sin suministros básicos.

Por su parte, Aizpurua invocó a la “justicia y la responsabilidad política y social” y señaló que “no podemos mirar para otro lado”. “No queremos gente sin casas ni gente sin casas”, sostuvo. Incluso citó el artículo de la Constitución Española que remarca el derecho a una vivienda digna.

Rufián definió irónicamente a los tres grupos como “la anti-España” y lamentó que “falta de momento un actor político importantísimo: el PSOE”. En esa línea, se mofó de que se pueda definir a los Presupuestos como los más sociales cuando la inversión fundamental viene de Europa y sin abordar esta cuestión.

El portavoz de ERC reivindicó de antemano que, si finalmente los Presupuestos son los más sociales, será gracias a iniciativas como ésta para “torcerle el brazo a una parte del Gobierno”, la socialista, que se resiste de momento a prohibir desahucios y cortes de suministros.

A preguntas de los periodistas, Asens dijo que había hablado con el PSOE de esta enmienda y que sus socios de Gobierno "comparten la misma preocupación" sobre este tema y entendían la presentación de la enmienda.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quería aplazar a una ley de vivienda posterior a los Presupuestos el abordaje de temas como la limitación del precio del alquiler. Unidas Podemos consiguió la víspera de la aprobación del proyecto en Consejo de Ministros el compromiso de que esa ley la aprobaría el Gobierno en un plazo máximo de tres meses y se llevaría al Congreso en uno de cuatro, como mucho.